La Procuraduría General de la República, PGR, interrogará este martes a las 10:00 de la mañana, al director del Instituto Postal Dominicano, Inposdom, ingeniero Adán Peguero para que responda sobre falta de cumplimiento de pagos a desvinculado en contrato firmado por la empresa Mia Cargo Grup.
Contra Peguero se querelló ante la procuraduría, el Defensor del Pueblo, doctor Pablo Ulloa, por negarse a colaborar con el Defensor del Pueblo, sobre las cancelaciones de seis ex empleados del Inposdom.
Este lunes, la directora de prensa, Ana Florenzan informó que el director del Inposdom solicitó una licencia de tres meses al presidente Luis Abinader para dar espacio a la investigación que se llevan a cabo por el acuerdo con la empresa Mia Cargo Grup.
“Ante la denuncia pública, cuestionando la forma de suscripción del acuerdo de cooperación con la empresa Mia Cargo, nos vemos en el compromiso y la obligación de realizar una aclaratoria publica que despeje toda duda sobre el nivel de transparencia con el que fue manejado dicho proceso, por lo cual descartamos que se haya cometido delito alguno”, dijo la vocera de prensa de Peguero.
Por otro lado, el Defensor del Pueblo presento su querella ante la PGR, Ulloa, el 15 de octubre, razón por la cual el magistrado José del Carmen Sepúlveda hizo mediante citacion la “reiteración” a Peguero para ser escuchado y responda a las presuntas violaciones de la ley 19-01 y 234 del Código Penal que le imputa el Defensor del Pueblo.
En su querella Ulloa, explica a la procuraduría que agoto todos los recursos administrativos tratando de que Adán Peguero le facilitara informaciones del porque el retraso al pago de servicios laborales a seis desvinculados de la institución, quienes fueron a solicitar ayuda a su organismo.
“Se han agotado todas las vías para recibir del Inposdom el pago correspondiente violando la Ley de Función Pública.
“Es evidente que el ingeniero Adán Peguero se ha negado a colaborar con el Defensor del Pueblo y a suministrar las documentaciones e informes requeridos por esta autoridad con relación a seis reclamaciones, vinculadas a retrasos injustificados en el pago de beneficios laborales y desvinculaciones de servidores públicos de carrera administrativa”, dice la querella de Ulloa.