Miles de manifestantes protestan este miércoles en las principales ciudades de Colombia contra el gobierno de Gustavo Petro, en rechazo a sus proyectos de reformas sociales y la violencia que persiste en el país pese a las negociaciones de paz con grupos armados.
Bajo la consigna “¡Fuera Petro!”, una multitud de personas vestidas de blanco recorren el centro histórico de Bogotá y marchan hacia la tradicional Plaza de Bolívar.
“Hay una inseguridad campante en los campos y en la ciudad. El pueblo está cansado y por eso” marchamos, dijo a la AFP Luis Chaparro, un militar en retiro vestido de camuflado.
En Cali (suroeste), Medellín (noroeste), Barranquilla (norte), Bucaramanga (noreste) y otras capitales los manifestantes se sumaron con banderas de Colombia y cánticos contra el presidente, cuya popularidad ronda el 35% según la encuestadora Invamer.
“Estamos en medio de dos amenazas, por un lado, la violencia, los criminales, y por el otro la ineptitud absoluta del gobierno de Gustavo Petro”, dijo a medios Miguel Uribe, senador del partido opositor Centro Democrático, organizador de la protesta.
Petro llegó al poder en agosto de 2022 como el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia. Sus propuestas de reforma de los sistemas de pensiones, sanitario y laboral se discuten en álgidos debates en el Congreso, donde perdió las mayorías.
El mandatario aseguró en un acto público que quienes protestan hacen parte de “fuerzas” que no “quieren cambiar el país” ni perder sus “privilegios”.
El gobierno aspira a reducir la participación privada en la prestación del servicio a la salud y el pago de pensiones, así como ampliar los beneficios a los trabajadores.
En paralelo el mandatario apuesta por desactivar seis décadas de conflicto armado a través de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales.
Pero los diálogos avanzan en medio de reveses con los rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que rechazaron el acuerdo de paz de 2016.
Violaciones a los ceses al fuego pactados, suspensiones temporales de las conversaciones por desencuentros entre las partes y una violencia que sigue golpeando el campo y las ciudades dificultan la desmovilización de miles de combatientes.
