El Partido de Unidad Nacional (PUN) anunció que realizará mañana sábado la Asamblea Ordinaria de su Comité Central, en el Salón de Actos del Club Cultural Mauricio Báez de la Capital.
A través de un comunicado, la organización declaró que el evento constituirá el inicio de una “nueva era institucional” que “sorprenderá” a la sociedad dominicana, con la conversión del partido en una opción de poder para las elecciones del 2024.
Informó el presidente del PUN, Pedro Corporán, que su partido lanzará una intensa estrategia de desarrollo basada en tres pilares fundamentales, que son educación, organización y comunicación.
Expresó que por primera vez desde su fundación, al PUN se le han respetado sus derechos legítimos, obtenidos por su desempeño en los procesos electorales, apegado con sentido religioso a la concepción de la moral y el trabajo, en razón de lo cual ocupará por tercera vez, la casilla #7 en la boleta electoral 2024.
Observó que desde su nacimiento en el año 2002, “el PUN ha sido vilmente ultrajado y despojado de todos sus derechos”, por parte de las élites de poder que han controlado al Estado, pero no lo han podido desaparecer especialmente por la fuerza de la fe cristiana.
“Hemos sobrevivido a las más harteras conspiraciones políticas y ahora volvemos con más fe que nunca en la Providencia Divina, camino a la presidencia de la república en el 2024”, dijo el líder del PUN.
Corporán también señaló que en el momento que deciden salir a la calle, el gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM “andan flotando en el aire como cápsula perdida en el espacio”.
Concluyó haciendo un llamado a la unidad de toda la comunidad religiosa, sin distingos de sectas, “para salvar al país de la destrucción de la doctrina cristiana, la invasión haitiana, la corrupción púbica y privada, el abismo moral, la criminalidad organizada y el delito de cuello de todos los colores”.
Postura institucionales
-“Reforma Constitucional. Apoyamos la reforma constitucional como necesidad imperativa para despojar a las élites de poder que controlan el Estado, de la facultad de modificar la carta magna para perpetuarse en el poder, lastre jurídico histórico que ha cercenado la democracia, secuestrado la justicia nacional, apadrinado la corrupción pública y corrompido al Congreso Nacional desde la fundación de la república en 1844, salvo períodos excepcionales.
También hay que modificar todos los preceptos constitucionales bajo los cuales surgen y se componen organismos fundamentales para garantizar la protección del patrimonio público y el ejercicio de derechos fundamentales, como la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, y otros como la elección de los diputados nacionales y de forma esencial la independencia total del Ministerio Público.
Sería iluso pensar que la transparencia y la institucionalidad se lograrían sin la modificación de la Constitución de la República.
-“Reforma a la Policía Nacional. El proyecto de reforma policial, no logrará ningún resultado sin una profunda profilaxis moral y síquica, un reentrenamiento, la elevación de los requisitos académicos educativos, la formación jurídica, la destrucción implacable de las mafias y asociaciones criminales que operan en la policía y por último la aprobación de un salario realmente digno y políticas públicas de protección a sus familias. Demostración de reales intenciones sería la destrucción a capa y espada de los más de 50 mil puntos de droga que la propia Policía Nacional reconoció en gestiones anterior.
-“Apoyo a la PGR. Apoyamos sin reparos a la Procuraduría General de la República, en la persecución implacable a los delincuentes públicos que han depredado el Estado y entendemos que el ex presidente Danilo Medina reúne un prontuario de presunción criminal pasible de estar bajo investigación judicial. Un Ministerio Público no debe temerle a nada ni a nadie, la ley es igual para todos, no solo para los ciudadanos más humildes de la sociedad.
-“Rechazo a la obligatoriedad de la vacunación. Denunciamos como totalmente anti constitucional, las recientes medidas adoptadas por el gobierno de Luís Abinader, a través del Ministerio de Salud Pública, equivalentes a obligar a la ciudadanía a vacunarse contra el covid-19, con la exigencia de carnet de vacunación, porque agrede derechos fundamentales protegidos por la Constitución de la República. Consideramos peligroso permitirle a ningún gobierno que viole la Carta Magna.
-“Transparencia gubernamental. Entendemos que el gobierno de Luis Abinader debe presentarle a la nación, un informa pormenorizado de la forma como ha gastado o invertido los más de 13 mil millones de dólares, en tanto que en su última alocución formal al país, dijo que el 56% de dichos recursos se destinaron a pagar compromisos de la administración anterior de Danilo Medina y el resto de la gestión actual, pero sin demostrar documentalmente nada.
-“Rechazo a las empresas offshore. El PUN rechaza que un gobernante proteja sus capitales en los paraísos financieros que aunque sea legal, ni es ético ni representa un mensaje de confianza en la propia economía que administra ni la seguridad jurídica que predica en el mercado financiero internacional para atraer inversiones. Además el mundo sabe que en esos paraísos financieros también se esconden capitales provenientes del narco lavado y las riquezas robadas a los pueblos por élites corruptas que ejercer el poder del Estado. El presidente Abinader debe demostrar con documentos en las manos el estatus de sus capitales en las empresas offshore del escándalo Panamá Paper, a riesgo de seguir perdiendo credibilidad en el pueblo dominicano.
-“Rechazo a la Reforma Fiscal. Consideramos improcedente que el gobierno implemente una nueva reforma fiscal en medio de la crisis sanitaria y el crecimiento galopante del costo de la vida de las grandes mayorías del país, mientras continúan con los subsidios exorbitantes a favor de la gran empresa, la crónica evasión fiscal, el trasiego de mercancías por la frontera y la incapacidad todavía de condenar a los que han depredado los bienes públicos.
-“Rechazo a lamonopolización del Diálogo Nacional. Consideramos incorrecto, en medio de las atribulaciones que vive la sociedad dominicana, que el Diálogo Nacional esté monopolizado por el gobierno y los partidos políticos que tienen representación en el Congreso Nacional”.-
