El Congreso Nacional abrió el año legislativo 2022-2023 el pasado domingo con la mirada puesta en la ley de extinción de dominio para que se apruebe en este período.
Para ello, según se informó, se cuenta con el apoyo de los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, así como del Poder Ejecutivo que, aunque la Constitución establece la independencia de los poderes, el presidente Luis Abinader es la máxima autoridad del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual es mayoría en ambas cámaras.
Resta ver ahora si los representantes de estos dos poderes cuentan con el respaldo suficiente para lograr sancionar la controvertida pieza, la cual no ha sido capaz de unificar ni a los propios congresistas oficialistas.
Basta con recordar el comentario del senador perremeísta Alexis Victoria Yeb la semana pasada quien, al igual que otros miembros del oficialismo, favorece se sancione la legislación siempre y cuando ésta incluya a empresarios y todo el que cometa algún ilícito, y no solo a funcionarios. Su posición fue similar a la del vocero de los senadores de Fuerza del Pueblo, Dionis Sánchez. Los dos coincidieron, además, en que la normativa no puede incluir la retroactividad de la ley.
Los congresistas hablaron en reacción al senador por Santo Domingo, Antonio Taveras, el cual anunció ese lunes que a partir de esta nueva legislatura impulsará el referido proyecto a través de la campaña “recuperemos lo robado” para conseguir un millón de firmas de respaldo.
Aunque en varias ocasiones Taveras ha defendido que la normativa no es retroactiva, las críticas a la misma han llovido dentro y fuera del Congreso.
