El presidente de la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Electrónica, Aitor Palacio, manifestó este miércoles que la autorización de importación de armas de fuego mediante decreto, es sólo por 6 meses y exclusivo para las empresas de seguridad privada debidamente registradas y a través de armerías autorizadas.
A través de su cuenta de Twitter, Palacio dijo que en ningún caso esta medida contrapone el interés del Estado de reducir la cantidad de armas en manos de civiles.
“Hace 17 años, fue prohibida la importación de armas sin ninguna excepción. Una medida que quizás en el momento fue oportuna, pero que con el tiempo fue generando una serie de distorsiones. Las empresas de seguridad privada han tenido que trabajar con la misma cantidad de armas por 17 años, recircularlo armas entre ellas. Si tomamos en cuenta que también se prohibió la importación de partes, las empresas han estado trabajando con cada vez menos armas y más deterioradas”, contextualizó en un hilo de Twitter.
El también consultor de la Asociación Latinoamericana de Seguridad, agregó que el precio de armas en el mercado (usadas) se disparó a prácticamente 10x su valor previo a la medida. “Siendo muy atractivo para la delincuencia desarmar a un guardián, quitándole la vida si fuera necesario”.
“Con una economía creciente y entendiendo que la seguridad es un eje transversal a todos los sectores, la nueva demanda de servicios que se fue generando no era posible de atender por el sector formal de empresas de seguridad privada. Esto generó todo un mercado informal de “empresas” no regularizadas, uso de armas ilegales obtenidas de cualquier manera, evasión fiscal, etc. para atender esa demanda desatendida. Esto, lejos de generar mayor seguridad, genera todo lo contrario. Más inseguridad, violencia, además de todas las implicaciones en términos de recaudación y competencia desleal”, enfatizó Aitor Palacio.
Reiteró que las empresas de seguridad privada debidamente autorizadas para operar y registradas ante la Superintendencia de Seguridad Privada, son las únicas beneficiarias de esta medida, “y con ella, se beneficia toda la población al poderse mejorar los servicios de seguridad y formalizar más aún un sector que es parte integral de la seguridad ciudadana”.
