El Instituto Duartiano respaldó este lunes que el gobierno dominicano prohibiera la entrada de extranjeros con antecedentes criminales, en su mayoría nacionales haitianos, pero al mismo tiempo entienden que esa disposición se debe analizar con cuidado.
“Esa decisión que toma el gobierno dominicano se debe analizar con mucho cuidado, esos vínculos de los dirigentes haitianos políticos y empresariales con República Dominicana, lo propició hace muchos años los Estados Unidos” dijo el dirigente político, Pelegrin Castillo, presidente del Partido Fuerza Nacional Progressista.
Así mismo respaldan la posición del presidente de la República, Luis Abinader, ante la subsecretaria de Estado de la Estados Unidos, Wendy Sherman, en el sentido categórico y claro de que no hay una solución dominicana al problema haitiano.
El presidente del Instituto Duartiano dijo que el pueblo dominicano rechaza el despropósito puesto en práctica por órganos de prensa, agencias, funcionarios, congresistas y otras entidades norteamericanas que procuran desacreditar a nuestro país, ejerciendo sistemáticas presiones en interés de frenar el ejercicio soberano que le asiste a la República Dominicana de aplicar sus leyes migratorias y repatriar a todo extranjero ilegal o indocumentado que se encuentre en su territorio.
“Entendemos que es necesario adoptar medidas para controlar de manera más eficaz la creciente presencia haitiana que presenta nuevas modalidades, como las marcadas inversiones haitianas, incluyendo áreas emblemáticas culturales e históricas, el arribo descontrolado de numerosas familias en residenciales capitalinos de todo tipo y un vivo activismo de organismos internacionales que movilizan tours de parturientas con niños desde la vecina nación hacia puntos de esos organismos localizados en zonas residenciales”, señaló.
Gómez Ramírez precisó que, desde dichos puntos, las parturientas son distribuidas en los distintos centros hospitalarios públicos dominicanos, sin que se haya producido una reacción al respecto por parte de las autoridades, “lo que sí es cierto es que se estimula para que la situación continúe su ascenso, pues mientras aquí no se establece una tarifa para cobrar estos servicios y el Estado asume el costo total, en Haití el parto normal cuesta más de 300 dólares”.
Asimismo, apuntó que las autoridades del Registro Civil reciben declaraciones de parturientas indocumentadas, y el Ministerio de Salud Pública obliga al personal médico a hacer uso del creole y distribuye entre las embarazadas literaturas en esa lengua.
Manifestó que la gravedad de la situación queda radiografiada cuando las estadísticas del propio Ministerio de Salud Pública revelan que en el 2021 y 2022 se registraron en las camas dominicanas 73 mil 526 partos de mujeres haitianas, de los cuales aproximadamente el 33 por ciento ameritan cesárea, lo que gravita para elevar los costos.
En ese orden reiteraron el llamado a los ciudadanos de la región Este del país, para que participen en la “Marcha Patriótica RD-San Pedro de Macorís”, que partirá a las 10 de la mañana del sábado 29 de abril del Parque de la Catedral, recorrerá varias calles y culminará en el parque Duarte en esta ciudad.
