La máxima instancia judicial de Naciones Unidas se pronuncia este viernes sobre un pedido de medidas cautelares para proteger a la población de Gaza, en el primer fallo de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por presuntos actos de «genocidio» en el territorio palestino.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, podría ordenar a Israel facilitar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza o incluso detener la ofensiva militar desencadenada el 7 de octubre, en represalia por la letal incursión de comandos del movimiento islamista Hamás en el sur del Estado hebreo.
A partir de las 13H00 locales (12H00 GMT), el tribunal dará a conocer su dictamen sobre las medidas cautelares solicitadas, pero no sobre la cuestión de fondo de saber si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio, un debate que puede llevar años.
Sudáfrica presentó en diciembre un recurso de emergencia ante la CIJ, argumentando que Israel violó la Convención para la Prevención de Genocidios, firmada en 1948, después del Holocausto.
Durante las audiencias, Adila Hassim, una de las abogadas de Sudáfrica, declaró que «los genocidios nunca se declaran con antelación, pero este tribunal cuenta con las últimas 13 semanas de pruebas» que justifican «una acusación verosímil de actos genocidas».
El caso provocó reacciones vehementes en Israel. «Es el mundo al revés», afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu. «Nadie nos detendrá, ni La Haya, ni el eje del mal», declaró el 14 de enero.
«Si hay actos que pueden calificarse de genocidas, estos se perpetraron contra Israel», afirmó en las audiencias el abogado israelí Tal Becker.
– Valor «moral y político» –
La CIJ, que trata diferendos entre países, emite sentencias vinculantes e inapelables, pero carece de medios para garantizar su aplicación, como cuando ordenó en vano a Rusia detener sus operaciones en Ucrania.
En América Latina, una lista de países gobernados por la izquierda, como Brasil, Colombia, Bolivia y Venezuela, apoyaron la iniciativa de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel.
Por su parte, México y Chile recurrieron a la Corte Penal Internacional (CPI) para que se investiguen probables crímenes de guerra en el marco del conflicto, tanto los «cometidos por israelíes o por palestinos», en palabras del canciller chileno, Alberto van Klaveren.
El brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el líder latinoamericano más activo a la hora de pedir un alto el fuego, acusó a Israel de «actos de terrorismo» y su gobierno decidió apoyar a Sudáfrica «a la luz de las flagrantes violaciones al derecho internacional humanitario».
Pero Brasil es consciente de que aunque la CIJ ordenara a Israel parar su ofensiva, el dictamen tendría sobre todo un valor «moral y político», explicó Roberto Goulart Menezes, profesor de Relaciones Internacionales y coordinador del Núcleo de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Brasilia.
– Un impacto simbólico «enorme» –
«Es concebible que una orden del tribunal no tenga ningún impacto significativo en la operación militar israelí», afirmó Cecily Rose, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Leiden, en Países Bajos.