La Fiscalía de Puerto Plata depositará en el mes de junio la acusación formal en contra del pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, a quien se le imputa la presunta explotación sexual comercial de una menor de edad.
Hasta el momento, sus abogados han solicitado la variación de la medida de coerción, que consiste en presentación periódica ante el Ministerio Público en Puerto Plata, donde se desarrolla la etapa de investigación del proceso, pero la misma ha sido rechazada por el Primer Juzgado de la Instrucción de ese distrito judicial.
Tras la explosión de este escándalo, el torpedero de los Rays de Tampa Bay en las Grandes Ligas fue colocado en licencia administrativa, condición que le permite devengar su salario, pero que le impide regresar a juego hasta que se esclarezca la situación.
Durante el proceso de la investigación, Franco fue detenido y encarcelado hasta que el Juzgado de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata le impuso el pago de una garantía económica de 2 millones de pesos en efectivo y la presentación periódica ante la Fiscalía de esa jurisdicción.
Franco, quien ha estado cumpliendo con la disposición del tribunal, ha solicitado la variación de la medida a través de sus abogados, solicitud que ha sido rechazada por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Puerto Plata.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Ana Mariela Hernández y Marcos Wilkin’s Díaz, imputa de manera provisional a Franco por la violación a las disposiciones contenidas en los artículos 396 Literal C, 25, 409 y 410, el Principio V, de la Ley 136-03, del Código para el Sistema de Protección de los derechos Fundamentales de Niños, Niñas y adolescentes, así como los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
En cuanto a la madre de la menor, órgano persecutor la imputa por la violación a los artículos 25, 409 y 410 y V de la Ley 136-03, sobre el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, además de artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, y de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
La investigación, que aún está en curso, la encabeza la Fiscalía de Puerto Plata, representada por su titular Kelmi Duncan; con el apoyo de directora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia del Ministerio Público, Olga Diná Llaverías; Luisa Marmolejos, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género Intrafamiliar y Delitos Sexuales; Ramona Nova Cabrera, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como también los miembros del órgano persecutor Michael Núñez, Dilsia Taveras, Luis Martínez y Claudio Alberto Cordero Jiménez.
