Un grupo de abogados, y la Fundación Primero Justicia, representada por su presidente Surún Hernández, sometió una acción de amparo contra Junta Central Electoral (JCE), exigiendo que se emita una resolución que ordene detener el presunto uso masivo de ayudas sociales para la compra de votos y dirigentes de la oposición.
El presidente de esa entidad, recordó que el artículo 210 de la Ley 20-23, de Régimen Electoral prohíbe expresamente el uso y abuso de los programas sociales para fines políticos, lo cual constituye una vulneración al principio de equidad y transparencia que deben normar los procesos políticos, al establecerse un mercado persa con bonos navideños donde el voto y la cedula se entregan a cambio de del citado bono, el cual, por venir al portador, es un instrumento de cooptación y Manipulación.
La Junta Central al tenor del artículo 212 de la Constitución, se encuentra en la obligación de tomar medidas cautelares para garantizar la equidad en los procesos electoral, maxime cuando se trata de todo un plan forzar la abstención financiera a la oposición mediante la compra usando los bonos, de dirigentes de la oposición.
Los mismos proclamaron que, se trata de un plan de compra de votos y cedula realizado desde la presidencia atreves de gobernadores provinciales, presidentes provinciales, presidente municipales, presidente de bloque, lo cual constituye la destrucción de la democracia.
Denunciaron que la Junta Central Electoral ha prohibido la entrega de las actas de escrutinio correspondiente al nivel de diputados, en franca violación al principio de transparencia y garantía electoral que debe normar le proceso electoral, con lo cual abren las puertas a que repita el fraude acaecido en febrero pasado con los regidores, donde los datos contenido en las actas de escrutinio manuela eran alterados al pasarlos al acta digital, lo cual demuestra la complicidad y contubernio de la Junta Central Electoral con dicho fraude.
