El equipo de defensa del ex ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, afirmó este domingo que el fallo de no ha lugar emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó la ausencia total de pruebas objetivas y vinculantes que comprometieran la responsabilidad penal de su defendido en el denominado caso Calamar.
Los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez sostuvieron que la decisión judicial representa un reconocimiento claro de las debilidades estructurales del expediente presentado por el Ministerio Público, el cual -según indicaron- estuvo sustentado desde el inicio en relatos, interpretaciones y afirmaciones carentes de soporte probatorio verificable además de un testimonio fabricado completamente contradictorio.
“Este fallo pone de manifiesto una verdad jurídica ineludible: nadie puede ni debe ser enviado a un juicio de fondo cuando el expediente carece de elementos probatorios reales. La presunción de inocencia no puede ser desplazada por narrativas mediáticas ni por percepciones alejadas de la evidencia”, expresaron los juristas en un documento.
La barra de la defensa insistió que, durante todo el proceso, fueron expuestas auditorías, certificaciones oficiales, documentos financieros y otros elementos que demostraban la inexistencia de actos ilícitos atribuibles a Peralta Fernández, así como la falta de vinculación directa con los hechos imputados.
“Muchos de los propios documentos y certificaciones incorporados por el Ministerio Público terminaron favoreciendo el descargo del señor José Ramón Peralta Fernández, al evidenciar su correcto proceder y la ausencia de elementos que comprometieran su responsabilidad penal,” resaltó la defensa.
El tribunal falló que no había pruebas suficientes para enviar a juicio a Peralta, así como al exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo y a otras tres personas, de las 40 que fueron acusadas en el caso Calamar.
Con las otras 35 personas sí se determinó que irán a juicio por el supuesto desfaldo al Estado de más de 19,000 millones de pesos.
Entre estas se encuentran el exministro de Hacienda Donald Guerrero, varios exfuncionarios de ese oganismo, así como el abogado Ángel Lokward.
