El exministro de Obras Publicas y excandidato presidencial por el PLD Gonzalo Castillo Terrero, asegura que la acción de los Abogados del Estado en interponen una apelación parcial contra el auto de no ha lugar busca impedir una eventual candidatura presidencial en 2028.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Castillo afirmó que la apelación presentada por el Gobierno y sus representantes legales tiene como propósito revertir la decisión que lo favoreció y mantener las medidas de coerción en su contra.
Instituciones gubernamentales
“Hoy el Gobierno del PRM y sus abogados apelaron la decisión de la jueza que me otorgó un auto de no ha lugar. Quieren revocar la decisión y mantener medidas de coerción en mi contra para tratar de frenar mi candidatura en 2028”, expresó el exfuncionario.
En la misma publicación sostuvo que se trata de una “persecución política pura” y utilizó la etiqueta #Lawfare, además de asegurar que continuará con sus aspiraciones políticas.
“¡El Pueblo no es Tonto! ¡No lo van a lograr! ¡No nos van a detener! Vamos con to’, por la República Dominicana que soñamos”, escribió.
Estado busca revocar el auto de no ha lugar
La reacción de Gonzalo Castillo se produce luego de que el Estado dominicano, mediante el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), depositara un recurso de apelación parcial contra la resolución que lo excluyó del juicio en el Caso Calamar.
El recurso fue presentado ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional con la finalidad de que la Cámara Penal de la Corte de Apelación deje sin efecto la decisión emitida el pasado 29 de mayo y ordene la apertura de un juicio de fondo contra el exministro.
Asimismo, la apelación solicita que se mantengan vigentes las medidas de coerción y las restricciones patrimoniales impuestas durante el proceso.
Argumentos de la apelación
De acuerdo con el documento presentado por los representantes del Estado, la decisión recurrida contiene errores de hecho y de derecho en la valoración de las pruebas aportadas por el Ministerio Público.
Los abogados sostienen que las evidencias relacionadas con los presuntos vínculos de Gonzalo Castillo con el supuesto esquema de financiamiento político descrito en la acusación fueron evaluadas de manera incorrecta.
La resolución impugnada admitió parcialmente la acusación presentada por el Ministerio Público y envió a juicio a varios de los imputados del expediente. Sin embargo, determinó que las pruebas contra Gonzalo Castillo y otros procesados no eran suficientes para justificar la apertura de un juicio en esta etapa.
El proceso continúa en la Corte de Apelación
Con la presentación del recurso, el Caso Calamar entra ahora en una nueva fase judicial. Corresponderá a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidir si confirma el auto de no ha lugar o si, por el contrario, revoca esa decisión y ordena que Gonzalo Castillo enfrente un juicio de fondo.
