Los magistrados Ana Iris Polanco y Juan Miguel Vásquez, representantes de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FiscalDOM), reiteraron la necesidad de que el presupuesto del Ministerio Público para 2027 incluya los recursos necesarios para garantizar la paridad salarial entre fiscales y jueces, fortalecer la institución y mejorar las condiciones laborales de sus miembros.
Durante una entrevista en el programa Esto No Tiene Nombre, ambos magistrados afirmaron que la legislación vigente reconoce la igualdad salarial entre jueces y fiscales, pero aseguraron que esa disposición no se ha cumplido durante más de dos décadas.
Juan Miguel Vásquez explicó que actualmente los fiscales perciben entre un 43 % y un 50 % menos que los jueces de categorías equivalentes, pese a que tienen las mismas restricciones legales, como la prohibición de ejercer otra actividad profesional, salvo la docencia.
Los representantes de FiscalDOM señalaron que los fiscales trabajan de forma permanente, con jornadas que se extienden las 24 horas, atendiendo detenidos, escenas de crimen, investigaciones y expedientes que deben ser procesados dentro de los plazos legales.
Asimismo, denunciaron que muchas fiscalías operan con déficit de personal, mobiliario e infraestructura. Como ejemplo, Vásquez citó el caso de la Fiscalía de Villa Mella, que atiende a todo el municipio de Santo Domingo Norte en instalaciones reducidas, obligando incluso a fiscales de otras jurisdicciones a asumir parte de la carga laboral.
Los magistrados indicaron que la propuesta presupuestaria presentada ante el Consejo Superior del Ministerio Público no busca un aumento porcentual específico, sino que el presupuesto contemple los fondos necesarios para eliminar la brecha salarial existente con los jueces y dar cumplimiento a la ley.
Recordaron que, tras un paro de fiscales realizado en 2024, se alcanzó un acuerdo con las autoridades que permitió un incremento salarial del 20 %, la puesta en marcha del plan de retiro y la implementación de un bono escolar. Sin embargo, sostuvieron que ahora el objetivo es lograr una solución definitiva mediante la incorporación de la paridad salarial en el presupuesto institucional.
Polanco enfatizó que esta vez el reclamo va más allá de solicitar incrementos parciales y busca que el Estado garantice el cumplimiento de un derecho ya reconocido por la legislación. Ambos coincidieron en que un mayor presupuesto permitirá retener talento, fortalecer el Ministerio Público y ofrecer mejores condiciones para la administración de justicia en el país.
