Los Ángeles (EFE).- El Gobierno del presidente Donald Trump busca contratar a una empresa privada para que busque y localice en México, Guatemala y Honduras a personas deportadas o que salieron voluntariamente de Estados Unidos y que aún tienen multas migratorias pendientes de pago.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) explica en una convocatoria de contratación federal que necesita una compañía capaz de encontrar a estas personas fuera de Estados Unidos, notificarlas de la deuda y gestionar su cobro.
“El contratista deberá ser una empresa registrada en Estados Unidos que pueda proporcionar servicios mejorados de localización de deudores en, como mínimo, México, Honduras y Guatemala”, señala el documento.
Una vez localizada la persona, la empresa deberá comunicarle cuánto debe y facilitar el pago completo de la multa, un acuerdo para abonarla a plazos u otra forma de resolver la deuda. El dinero podrá pagarlo el propio inmigrante o un tercero.
Más de 400 millones de dólares en multas
La empresa también tendrá que demostrar a las autoridades estadounidenses que encontró a la persona correcta. Para ello podrá recopilar pruebas como fotografías de su vivienda, facturas de servicios públicos o registros laborales. Si la persona ha fallecido, deberá obtener un certificado de defunción.
CBP calcula que unos 66.387 inmigrantes expulsados o que abandonaron voluntariamente EE.UU. tienen multas civiles pendientes de pago.
