Roberto Fulcar, exministro de Educación
La investigación especial realizada por la Cámara de Cuentas a la gestión de Roberto Fulcar en el Ministerio de Educación no detectó irregularidades durante el período auditado. El examen abarcó desde el 17 de agosto de 2020 hasta el 3 de agosto de 2022.
La revisión incluyó procesos de contratación, pagos, adquisición de bienes y servicios, compras y manejo de recursos financieros. También fueron examinados los equipos tecnológicos, inventarios y nóminas de la institución.
El período analizado coincidió con la pandemia de COVID-19, escenario que obligó al sistema educativo a adoptar medidas extraordinarias para mantener la continuidad de las actividades. El informe señala que las condiciones generadas por la crisis sanitaria y las variaciones en los precios de insumos pudieron incidir en algunos procesos administrativos.
Aunque no identificó irregularidades, la Cámara de Cuentas formuló observaciones y recomendaciones dirigidas a fortalecer distintos procedimientos del Ministerio de Educación. Entre ellas figuran mejoras en los mecanismos de contratación, documentación, controles administrativos e inventarios.
Las observaciones también abarcaron aspectos contables, documentales y de control interno que, según la información suministrada, requerían ser corregidos o reforzados. El documento las presenta como oportunidades de mejora dentro de los procesos institucionales examinados.
Uno de los aspectos señalados corresponde a la clasificación contable y presupuestaria de determinados gastos. De acuerdo con la documentación presentada, esa situación fue identificada y corregida mediante un acto administrativo fechado el 5 de marzo de 2022.
La entonces administración de Educación también informó sobre un proceso de acompañamiento técnico con la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG). Para esos fines, ambas instituciones suscribieron un convenio de colaboración.
En cuanto a los inventarios, el informe recoge medidas implementadas para mejorar la organización, validación y actualización de los registros. Estas acciones estuvieron dirigidas a reforzar los mecanismos de control sobre los bienes de la institución.
La documentación relacionada con los expedientes del personal también fue objeto de revisión. La administración de Fulcar reportó que encontró debilidades preexistentes y puso en marcha procesos para completar, actualizar, digitalizar y organizar esos archivos.
El informe establece además controles para que las nuevas designaciones contaran con la documentación requerida. De esta manera, la gestión auditada sostuvo que buscó corregir deficiencias encontradas al asumir la conducción del ministerio.
Otro punto destacado por la investigación es la delimitación del período bajo examen. Las actuaciones posteriores al 3 de agosto de 2022 corresponden a administraciones distintas y no forman parte de la gestión evaluada.
La Cámara de Cuentas identificó casos en los que determinadas actuaciones correspondieron a una administración posterior. Entre ellos figuran contratos para la adquisición de dispositivos tecnológicos que fueron rescindidos por incumplimiento de los adjudicatarios.
Según el informe, la falta de ejecución de determinadas garantías relacionadas con esos contratos correspondió a la gestión posterior a la auditada. Por tanto, esas actuaciones no pueden atribuirse al período encabezado por Fulcar.
El exministro Roberto Fulcar sostuvo que las observaciones de una auditoría forman parte del proceso de fiscalización de la administración pública. También afirmó que durante su gestión fueron adoptadas medidas para enfrentar debilidades encontradas en la institución.
Fulcar defendió que la administración de recursos públicos debe estar sustentada en documentos y evidencias. Aseguró además que la investigación de la Cámara de Cuentas permitió someter su gestión al escrutinio del órgano constitucional de fiscalización.
La investigación concluyó con recomendaciones orientadas a fortalecer los procedimientos administrativos y de control del Ministerio de Educación. El informe, según la documentación divulgada, no estableció irregularidades atribuibles a la gestión de Fulcar durante el período examinado.
