La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) valoró de manera favorable el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, aunque planteó modificaciones en varios aspectos vinculados al régimen disciplinario, el uso de la fuerza, las pensiones y el retiro por discapacidad.
La entidad presentó sus observaciones mediante una comunicación firmada por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. El análisis tomó como referencia el proyecto aprobado por el Senado el 10 de julio de 2026, compuesto por 342 artículos, debido a que algunos señalamientos corresponden a versiones previas del documento.
Observaciones al régimen disciplinario
Finjus indicó que la reforma puede establecer nuevas reglas para el ingreso, ascenso, permanencia y retiro de los agentes sin afectar derechos adquiridos. Basó su posición en criterios del Tribunal Constitucional, al señalar que las oportunidades futuras dentro de la carrera policial dependen de las normas vigentes al momento de cumplir los requisitos.
La organización consideró válido el retiro durante el período de prueba cuando exista evaluación, justificación y mecanismos para presentar objeciones. También sostuvo que limitar temporalmente los ascensos de agentes con procesos penales abiertos o sanciones disciplinarias no representa una declaración de culpabilidad ni una sanción adicional.
Sin embargo, recomendó modificar el destino del 30 % de las multas disciplinarias asignado a la Inspectoría General, planteando que esos recursos sean manejados por una dependencia separada de la función sancionadora para evitar posibles conflictos de interés.
Ajustes en uso de fuerza y pensiones
La fundación propuso definir con mayor precisión las faltas disciplinarias y establecer una clasificación más clara sobre el uso de la fuerza, diferenciando entre medios menos letales y aquellos con capacidad potencialmente letal.
Cursa Grado Medios
En materia previsional, Finjus señaló una posible contradicción entre los artículos 92 y 193 del proyecto. Según explicó, un agente con un 50 % de discapacidad podría quedar desvinculado sin cumplir las condiciones para acceder a una pensión, por lo que sugirió armonizar ambas disposiciones y analizar la reubicación del personal afectado en funciones compatibles.
Además, recomendó revisar el régimen de pensiones junto a la Superintendencia de Pensiones y ajustar las normas relacionadas con el ejercicio de la abogacía.
Finjus afirmó que la reforma debe estar orientada a fortalecer una Policía profesional, legítima, transparente y sometida a mecanismos de control.
