Luis Abinader encabeza encuentro con la prensa en el Palacio Nacional.
El Gobierno dominicano anunció un endurecimiento de las acciones contra quienes provoquen incendios, ocupen áreas protegidas o ejecuten actividades que pongan en riesgo los recursos naturales y ecosistemas estratégicos del país.
La medida está contenida en el Decreto 615-26, mediante el cual el presidente Luis Abinader declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica la prevención y combate del denominado “terrorismo medioambiental”.
Durante la presentación de la disposición, celebrada en el Palacio Nacional, Abinader advirtió que el Estado actuará con mayor firmeza frente a las personas que de manera deliberada atenten contra parques nacionales, cuencas hidrográficas, bosques, manglares, humedales y otras zonas consideradas esenciales para la seguridad ambiental del país.
El mandatario explicó que la decisión busca establecer un antes y un después en la protección de las áreas naturales, mediante una mayor coordinación entre las instituciones responsables de la seguridad, la protección ambiental y la persecución de los delitos.
Abinader señaló que algunas de las agresiones registradas contra los recursos naturales están vinculadas a actividades ilícitas que provocan daños a la flora y la fauna y que, además, pueden comprometer fuentes de agua y la seguridad alimentaria de la población.
Mayor coordinación para proteger áreas estratégicas
El decreto dispone la articulación del Ministerio de Defensa, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Policía Nacional, Dirección General de Migración y organismos de inteligencia, con el propósito de fortalecer la prevención, detección e investigación de acciones que amenacen el patrimonio ambiental.
Entre las áreas que recibirán especial atención figuran los parques nacionales, cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos.
La disposición también contempla el diseño de una política nacional orientada a enfrentar incendios forestales provocados y otras acciones que puedan afectar infraestructuras hídricas y energéticas.
Persecución penal
El Gobierno instruyó que las agresiones contra el patrimonio ambiental sean remitidas al Ministerio Público, a fin de que se establezcan las responsabilidades correspondientes y se ejerzan las acciones penales previstas en la legislación.
Abinader sostuvo que tanto quienes ejecuten materialmente estas acciones como quienes las promuevan, financien o contraten deberán responder ante la justicia.
La disposición establece además mecanismos tecnológicos y canales de denuncia confidencial para facilitar la participación ciudadana en la identificación de actividades que representen una amenaza para los recursos naturales.
Con estas medidas, el Gobierno procura fortalecer la protección de los ecosistemas estratégicos y garantizar que los recursos naturales sean preservados como patrimonio de las presentes y futuras generaciones.
