El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, planteó que el control efectivo de los centros penitenciarios debe formar parte de las políticas de seguridad ciudadana, con el objetivo de impedir que personas privadas de libertad puedan dirigir actividades delictivas, amenazas o redes de extorsión desde las cárceles.
La propuesta fue presentada durante la Ruta por la Ciudadanía en Santiago de los Caballeros, donde Ulloa encabezó la jornada “Código Penal para la Ciudadanía”, iniciativa orientada a acercar a la población información sobre sus derechos y promover el diálogo sobre seguridad, justicia y convivencia.
“La seguridad ciudadana debe empezar también en las cárceles. Una detención debe interrumpir la capacidad de dirigir operaciones criminales”, sostuvo Ulloa, quien consideró que el Estado debe garantizar que los recintos penitenciarios cumplan su finalidad constitucional y contribuyan a proteger a la sociedad.
Según estadísticas oficiales citadas en la actividad, a febrero de 2026 había 25,878 personas privadas de libertad, de las cuales el 65.5 % se encontraba en prisión preventiva.
Ulloa también hizo referencia a un estudio sobre las condiciones de salud en los centros penitenciarios, según el cual la mitad de la población reclusa con problemas de salud no recibe atención adecuada.
“Que cerca de dos de cada tres personas recluidas estén en condición preventiva, muchas sin la atención de salud que la ley les garantiza, exige revisar la duración de los procesos y las condiciones de custodia”, afirmó.
Propone mayor control dentro de las cárceles
Entre las medidas planteadas, Ulloa propuso clasificar a los internos de acuerdo con su nivel de riesgo y situación procesal, reforzar los controles para impedir comunicaciones ilícitas, profesionalizar al personal penitenciario y establecer mecanismos de integridad en la administración de los recintos.
También planteó investigar las conexiones financieras y posibles complicidades que permitan la comisión de delitos desde prisión.
“La captura de una persona debe acompañarse de una investigación que alcance a quienes dan las órdenes, ejecutan los hechos y reciben el dinero”, expresó.
Prevención y reinserción
El defensor del Pueblo sostuvo que el control penitenciario debe complementarse con políticas de prevención de la violencia. En ese sentido, citó datos presentados por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, en marzo de 2026, según los cuales el 58.9 % de los homicidios registrados tenía su origen en conflictos sociales.
Ulloa consideró necesario fortalecer los mecanismos de atención temprana y resolución pacífica de conflictos para evitar que disputas y amenazas deriven en hechos violentos.
Asimismo, planteó ampliar dentro de los centros penitenciarios los programas de educación, atención de salud mental, tratamiento de adicciones y formación para el trabajo, como parte de los procesos de reeducación y reinserción social.
“La responsabilidad del Estado continúa durante el cumplimiento de la pena y debe preparar el regreso a la comunidad”, sostuvo.
Finalmente, propuso que las políticas de seguridad cuenten con responsables definidos, presupuesto, plazos e indicadores públicos que permitan medir aspectos como victimización, esclarecimiento de delitos y reincidencia.
Con la jornada realizada en Santiago, la Ruta por la Ciudadanía alcanza ocho provincias visitadas en aproximadamente un mes. La iniciativa ha recorrido Dajabón, Nagua, San Francisco de Macorís, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Hato Mayor y San Cristóbal, y continuará extendiéndose por el territorio nacional.
