El presidente del Partido Patria para Todos y Todas (PPT), Héctor Sánchez, demandó al Gobierno detener lo que calificó como una política “ilegal y antihumana” contra jóvenes de sectores empobrecidos, a quienes, según denunció, agentes policiales estarían ultimando bajo la presunción de que están vinculados a hechos delictivos.
En un comunicado, Sánchez afirmó que durante septiembre agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) de la Policía Nacional han ultimado a 42 jóvenes, en hechos que, según sostuvo, las autoridades justifican como supuestos intercambios de disparos.
El dirigente político cuestionó que la Policía tenga facultad para quitarle la vida a ciudadanos, independientemente de que estos hayan infringido la ley, y recordó que corresponde al sistema de justicia determinar las sanciones mediante los procedimientos establecidos.
Cuestiona estrategia contra la delincuencia
Sánchez también criticó la aplicación de una política orientada a “darle para abajo” a los presuntos delincuentes, al considerar que esta no aborda las causas estructurales de la criminalidad.
A su juicio, entre esos factores se encuentran la pobreza, la marginalidad social y la falta de oportunidades económicas para amplios sectores de la población.
El presidente del PPT sostuvo que los métodos violentos utilizados durante años por gobiernos y organismos de seguridad no han resuelto el problema de la delincuencia y afirmó que esta continúa aumentando en niveles que calificó de preocupantes.
Exige respeto al debido proceso
Sánchez reclamó que las personas sospechosas de cometer delitos sean arrestadas y sometidas a la justicia de manera imparcial, con respeto al debido proceso y sin distinción por su condición social.
Asimismo, demandó la paralización de lo que calificó como “ejecuciones extrajudiciales” cometidas, según su denuncia, desde estructuras oficiales.
Finalmente, exhortó al Gobierno a acelerar y concluir de manera transparente el proceso de modernización y transformación de la Policía Nacional, con el objetivo de que la institución pueda enfrentar la delincuencia respetando los derechos humanos.
