La Procuraduría General de la República y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizaron un encuentro nacional para fortalecer la persecución de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes mediante herramientas digitales. La actividad reunió a fiscales, investigadores y otros servidores vinculados a la persecución de estos delitos.
El encuentro se desarrolló durante dos días en el Hotel Santo Domingo y estuvo dirigido a más de 100 participantes. La jornada buscó actualizar las capacidades del Ministerio Público frente a las nuevas modalidades delictivas que utilizan tecnologías digitales.
El procurador adjunto Wilson Camacho señaló que la trata de personas constituye una violación de los derechos humanos y que uno de los principales retos es desarticular las estructuras criminales. También destacó la necesidad de identificar y perseguir los recursos económicos utilizados por estas organizaciones.
Camacho advirtió sobre el uso de las redes sociales y la inteligencia artificial para captar víctimas mediante nuevas modalidades de cibertrata. En ese sentido, planteó la necesidad de perseguir a quienes participan en las distintas etapas de estas redes, desde la captación hasta la explotación.
El funcionario sostuvo que un Ministerio Público preparado para rastrear el dinero puede afectar las finanzas de las organizaciones criminales. Indicó que los conocimientos adquiridos durante la capacitación deben traducirse en investigaciones, rescate de víctimas y procesos judiciales.
Por su parte, la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), afirmó que las instituciones deben avanzar con mayor rapidez que las redes delictivas. Explicó que estas organizaciones utilizan nuevas rutas, mecanismos de captación y herramientas tecnológicas para ocultar sus operaciones.
La formación incluyó temas relacionados con la explotación, la cibertrata, el tráfico ilícito de migrantes y el manejo de evidencia digital. También se abordaron la litigación penal estratégica, el lavado de activos, la cooperación jurídica internacional y la protección de las víctimas.
Bejarán sostuvo que la respuesta estatal debe anticiparse a las transformaciones de las redes criminales. A su juicio, el uso de plataformas digitales ha modificado la manera en que estos grupos captan, controlan y explotan a sus víctimas.
La jefa de misión de la OIM en República Dominicana, Alba Goicochea, destacó que la trata de personas ha cambiado sus métodos y velocidad, por lo que las instituciones también deben adaptar sus mecanismos de respuesta. Además, resaltó la importancia de fortalecer la cooperación entre países para mejorar las investigaciones.
Durante el encuentro participaron representantes de organismos nacionales e internacionales, entre ellos el Programa Crimen Organizado PADF-INL de la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Los especialistas abordaron los desafíos regionales del crimen organizado, las formas emergentes de explotación y las estrategias contra el lavado de activos.
La agenda también incluyó discusiones sobre la desarticulación financiera de las redes de trata y la cooperación jurídica internacional. Asimismo, se presentó la labor de la Unidad de Investigación de Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC).
Otro de los temas tratados fue la protección de las víctimas y la prevención de la revictimización durante los procesos judiciales. Los participantes también analizaron los retos para obtener evidencia digital y desarrollar investigaciones contra la trata facilitada por las tecnologías y la ciberdelincuencia.
