Por Antonio Ledezma
La rueda de prensa ofrecida este jueves por María Corina Machado deja una definición cardinal: la lucha de los venezolanos seguirá siendo pacífica, cívica y firme.
Su objetivo es claro: establecer una fecha para elecciones presidenciales libres, con instituciones capaces de respetar y hacer respetar la soberanía popular.
Nuestra fuerza ha estado en la verdad. La verdad de un país que ha padecido persecución, pobreza, exilio y destrucción institucional. La verdad de millones de venezolanos que, aun frente a la adversidad, mantienen viva la aspiración de elegir libremente a sus gobernantes. El voto constituye nuestra herramienta democrática; la organización ciudadana le da fuerza y dirección a esa herramienta.
Esta ruta tiene una historia.
Viene de las madres venezolanas que alzaron su voz para defender la educación libre al grito de “con mis hijos no te metas”. Viene de los productores agropecuarios que enfrentaron los atropellos derivados de la Ley de Tierras impuesta por Hugo Chávez. Viene de periodistas que defendieron la libertad de expresión, de trabajadores que reclamaron sus derechos, de estudiantes que llenaron las calles de esperanza y de las familias de los presos políticos que permanecen en vigilia, exigiendo libertad y justicia.
Cada una de esas luchas fue sembrando la conciencia ciudadana que hizo posible las primarias del 22 de octubre de 2023. Aquella jornada demostró que el país podía organizarse, expresarse y escoger una conducción política. Luego vino el 28 de julio de 2024, cuando millones de venezolanos votaron por Edmundo González Urrutia y defendieron el resultado con una convicción admirable. ¡Hemos logrado lo imposible!
El 3 de enero de 2026 abrió una nueva etapa. La operación impulsada por el presidente Donald Trump, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, produjo un cambio de enorme impacto en Venezuela y en el escenario hemisférico. A partir de allí, la transición adquirió una urgencia concreta: transformar la expectativa de libertad en una democracia estable, con instituciones legítimas y con reglas respetadas por todos.
La ruta planteada por María Corina Machado tiene tres exigencias inmediatas. La primera es la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. La segunda es la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral. La tercera es la fijación de la fecha para las elecciones presidenciales. Las tres exigencias se pueden concretar en un ejercicio de simultaneidad, partiendo de la premisa de la urgencia que tienen los venezolanos de remediar su tragedia.
En ese interregno deben ser liberados todos, absolutamente todos los presos políticos civiles y militares. Allí está el camino para devolverle al venezolano la certeza de que su voto cuenta y de que la ley protege sus derechos. Venezuela requiere tribunales independientes, jueces probos y una justicia que persiga la corrupción, impida la impunidad y proteja al ciudadano frente al abuso del poder.
También requiere desmontar el aparato persecutorio que durante años convirtió a organismos policiales, tribunales y cuerpos militares en instrumentos de hostigamiento político.
Las fuerzas militares y policiales deben recuperar su misión constitucional, que no es otra que proteger la soberanía, resguardar la seguridad ciudadana y servir a la República. Jamás pueden volver a ser empleadas para perseguir, intimidar o castigar a quienes piensan distinto. La democracia exige instituciones armadas profesionales, subordinadas a la Constitución y respetuosas de los derechos humanos.
También debe desmontarse el santuario que han levantado el narcotráfico, el terrorismo y las mafias transnacionales dedicadas a blanquear capitales de origen ilegal. Esa tarea abarca la recuperación del Arco Minero venezolano, convertido en escenario de explotación depredadora del oro, contaminación de las aguas y destrucción de ecosistemas de valor incalculable. Venezuela requiere una autoridad democrática capaz de recuperar el control de su territorio, perseguir a las bandas criminales, proteger a las comunidades indígenas y defender nuestros recursos naturales como patrimonio de las generaciones futuras.
Resulta igualmente valiosa la propuesta de constituir una Comisión de la Verdad, como lo hizo Nelson Mandela en Sudáfrica. Venezuela necesita escuchar a las víctimas, registrar los hechos, establecer responsabilidades y reparar los daños causados a tantas familias. Una paz duradera requiere verdad, justicia y reparación. La memoria de los perseguidos, los torturados, los encarcelados y los desterrados reclama un lugar central en la reconstrucción nacional.
María Corina ha propuesto también un Gran Acuerdo Nacional. Esa convocatoria debe incorporar la opinión de la gente nucleados en “los puntos de acuerdo”:
comunidades, gremios, sindicatos, empresarios, universidades, iglesias, trabajadores, jóvenes y venezolanos de la diáspora. El Plan Tierra de Gracia debe recoger esas voces y convertirlas en políticas públicas capaces de reconstruir la economía, el tejido social, los servicios de salud, la educación, el agua, la electricidad, la seguridad y la producción nacional.
La recuperación de las escuelas, los hospitales y los programas sociales tendrá la misma jerarquía que el relanzamiento energético. Venezuela puede convertirse en el gran hub energético de las Américas, mediante acuerdos de largo aliento con Estados Unidos como socio estratégico para recuperar la industria petrolera y gasífera. Esa visión demanda yacimientos, capacidad técnica, inversiones, instituciones legítimas y un gobierno que garantice seguridad jurídica, respeto a los contratos y estabilidad para que los acuerdos perduren.
Esa visión rechaza el hiperpresidencialismo, el centralismo y la reelección indefinida. Venezuela necesita pluralismo, descentralización y participación ciudadana. Necesita alcaldes, gobernadores, concejos municipales y organizaciones comunitarias con atribuciones reales para resolver los problemas de cada región. El litoral de La Guaira, la histórica Vargas, expresa con dolor esa necesidad.
Sus habitantes enfrentan las consecuencias de los recientes terremotos y merecen una reconstrucción que coloque a las familias en el centro. Los guaireños levantarán su tierra ladrillo sobre ladrillo, con el acompañamiento de un Estado que cumpla, planifique y responda.
Esta es la ruta: confianza en la palabra empeñada, organización ciudadana, instituciones legítimas, elecciones libres, justicia para las víctimas y un acuerdo nacional para reconstruir a Venezuela. Seremos los venezolanos quienes levantemos de sus ruinas a la nación que una tiranía destruyó durante veintisiete años. La transición democrática se construirá con verdad, con voto y con la decisión de un pueblo que ha demostrado que sabe resistir y que está listo para vencer.
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