Niño con TEA y abuela de 86 años, entre víctimas de presunta violencia familiar en Herrera



El Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra un hombre acusado de agredir físicamente a tres integrantes de su familia, entre ellos un niño de siete años con trastorno del espectro autista (TEA), durante un incidente ocurrido en el sector Libertador de Herrera.

La solicitud de medida de coerción será presentada en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra Santiago Ángeles Willmore, quien es señalado como responsable de las agresiones.

De acuerdo con la investigación, encabezada por la fiscal Alexandra Marine, el menor tuvo que ser trasladado por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al Hospital Pediátrico Dr. Robert Reid Cabral, donde recibió atención médica.

El niño fue diagnosticado con trauma craneal leve, luego de recibir, presuntamente, un golpe en la cabeza con un objeto de madera.

El certificado médico establece que el menor presentó una lesión física reciente en la región frontal, con un período de curación de 20 días. Además, durante la evaluación fueron documentadas lesiones antiguas y cicatrizadas compatibles con maltrato infantil.

También habrían sido agredidas su madre y hermana

La investigación también establece que otras dos integrantes del núcleo familiar habrían sido víctimas de agresión: la madre del imputado, de 86 años, y una hermana con discapacidad visual.

Una de las víctimas presentó, según el certificado médico legal, una lesión contusa reciente en la región glútea, con un período de curación de 10 días.

Como parte del expediente, el Ministerio Público incorporó evaluaciones médicas y psicológicas forenses, así como las declaraciones obtenidas durante las diligencias investigativas.

Según consta en la solicitud de medida de coerción, familiares del menor indicaron que Willmore habría huido del lugar después del incidente, pero posteriormente fue localizado y detenido por las autoridades.

El órgano persecutor considera que los hechos revisten especial gravedad por involucrar a un niño de siete años, por lo que entiende necesaria la prisión preventiva para garantizar la continuidad del proceso y los fines de la investigación.

De manera provisional, el Ministerio Público ha calificado jurídicamente los hechos como violaciones a disposiciones de la Ley 74-25, la Ley 136-03, sobre protección de niños, niñas y adolescentes; la Ley 352-98, sobre Protección de la Persona Envejeciente, y la Ley 5-13, Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad.

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