Asunción (EFE).- El Senado de Paraguay comenzó este jueves, tras horas de incertidumbre tras la renuncia del presidente Santiago Peña, a la que no se dio curso en el Congreso por falta de cuórum, un juicio político contra el gobernante por «mal desempeño de sus funciones» y la denuncia de sus vínculos con el intervenido Ueno bank.
«Venimos a formular acusación conforme al mandato recibido», dijo al iniciar su exposición la diputada opositora Rocío Vallejo, convertida en una de las fiscales, durante la sesión en la que la Cámara Alta se convirtió en tribunal.
Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, al fracasar la sesión conjunta del Parlamento para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.El presidente de Paraguay, Santiago Peña, en una fotografía de archivo. EFE/ Juan Pablo Pino
Si fuera destituido por el Parlamento, Peña perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia.
Previamente, el senador oficialista Derlis Maidana explicó que el juicio constará de dos etapas: una, el reconocimiento, en la noche de este jueves a los diputados como fiscales acusadores, y la segunda mañana, cuando se tomará juramento de los senadores que constituirán el tribunal enjuiciador.
El escándalo por el cierre del banco Ueno
El jefe de Estado terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que desató los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.
La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, «como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización».
Por ello, la Cámara de Diputados aprobó este jueves por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Peña, en una sesión extraordinaria en la que se conoció la sorpresiva dimisión del gobernante.Personas sostienen carteles durante una manifestación en contra del Gobierno de Paraguay y la intervención de Ueno bank, en Asunción (Paraguay). EFE/ Juan Pablo Pino
La acusación formulada por los diputados, que activó el mecanismo previsto en el artículo 225 de la Constitución, señala a Peña de «un grave y sistemático mal desempeño de sus funciones».
Vallejo relató que el país ha vivido «una jornada siniestra en el ámbito financiero con la caída de un banco que ha afectado a tres millones de paraguayos», cerca de la mitad de la población del país.
También advirtió que «muchas instituciones públicas han perdido y van a perder sus ahorros», al señalar que el BCP le ha dado «una sentencia de muerte inmediata» a Ueno sin una «previa intervención».
El segundo gobernante en enfrentar un juicio político
La acusación advierte un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias, al aludir, entre otros, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.
Peña es el segundo gobernante sometido a un juicio político en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente fue desalojado del poder.
Entretanto, el vocero de la Presidencia de Paraguay, Guillermo Grance, confirmó que el mandatario Santiago Peña permanece en el país y se defenderá en el juicio político que avanza en su contra.
«Él está en el país, quiero reiterar esto hasta el cansancio, porque ha habido mucha información de que se fue a la Argentina, de que viajó a no sé dónde, que tomó un avión. No, el presidente de la República está en el país», dijo Grance a periodistas desde Mburuvicha Róga, el nombre en guaraní de la residencia presidencial.
