El acceso a la salud de las familias no puede depender de su capacidad de pagos arbitrarios. Los copagos son ilegales, pero mientras tanto, reclamamos límites razonables, transparencia y el inicio del primer nivel de atención para reducir el gasto de bolsillo.
La iniciativa de la DIDA constituye un paso necesario para proteger a las familias frente a los cobros excesivos y discrecionales de los médicos, que dificultan el acceso al cuidado de la salud de las familias más pobres y vulnerables, e incluso de la clase media.
La cobertura del seguro debe traducirse en protección financiera efectiva. No basta con tener un Canet si al requerir una consulta, un estudio o un tratamiento, deben asumir gastos desproporcionados que comprometen su economía y los excluyen de una atención oportuna.
La FSSPT considera urgente establecer un tope máximo de las diferencias cobradas por los médicos; no cobrar por las consultas subsecuentes para entregar los resultados. Los afiliados necesitan conocer de antemano cuánto deberán pagar con derecho a recibir una constancia de los montos cobrados.
La Fundación favorece una remuneración más justa para los médicos, siempre que esté vinculada a la entrega de más y mejores servicios, tanto públicos como privados. También revisar regularmente los honorarios médicos. Exhortamos al CNSS y a la SISALRIL a viabilizar la propuesta de la DIDA, con mecanismos de supervisión y un régimen de consecuencias para asegurar el cumplimiento de las disposiciones aplicables. Para leer el artículo completo:
