Este Código Penal establece tiempo específico, pero el jurista señaló que los jueces no asumen la decisión que la ley pone en sus manos para que el Ministerio Público termine rápido.
El abogado Cándido Simón reprocha que un juez dicte prisión preventiva y almacena a la persona en el área de ciudad Najayo como si fuera una cosa y entonces continúan con otros procesos y descuidan los casos y eso sucede a su juicio porque no hay sanción procesal penal.
Resaltó que si los jueces asumieran la responsabilidad y la comunidad jurídica persistiera en que se establezca la sanción procesal que establece la ley, como en un caso ordinario de prisión preventiva, que si a los 12 meses no se ha presentado acusación o sentencia de primer grado condenatoria, se procede a poner en libertad a la persona.
Explicó que el Código Penal establece que el tiempo máximo en principio para un caso ir a sentencia definitiva es 24 meses y si en ese tiempo no hay sentencia irrevocable, el caso se cae, sobre todo en un caso ordinario, mientras que en casos complejos, es de 3 años máximo.
“Pero la mala práctica es que los jueces no le hacen caso a eso, a los casos procesales que tienen sanciones concretas”.
Destacó durante su participación en el programa La Hora 22, que se debe concurrir al destierro del debido proceso, porque no se puede tener una persona siete u ocho años y 32 años detenida, como fue el caso del asesinato de Orlando Martínez, que la mamá murió sin saber quién fue definitivamente que lo mató.
Este Código Penal establece tiempo específico, pero el abogado señaló que va para largo sin duda, porque los jueces no asumen mucho, no todos, pero muchos no asumen la decisión que la ley pone en sus manos, para que el Ministerio Público termine rápido.
Destacó que en el caso 5G, los fiscales dicen que presentaron 25,500 evidencias y que el caso está blindado y si eso es así, entonces que no se pida prisión preventiva, que no se pierda tiempo con esa pendejada y que se vaya a fondo y se termina el caso.
Dijo que los jueces deben asumir su responsabilidad en serio y no con el relajo que se está concurriendo en un proceso penal “coreográfico”, que es más un espectáculo público que de decisiones judiciales conforme a la ley “como el caso de Odebrecht, muchos escarceos, muchas espumas y ¿en qué quedó?”.
