Nueve años después del accidente de tren de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos, la justicia española comenzó a analizar este miércoles los fallos que llevaron a este terrible drama ferroviario, en un megaproceso para tratar de reparar el «dolor insoportable» de víctimas y familiares.
Llegados muy temprano en pequeños grupos, con el rostro serio y algunos sin poder contener las lágrimas, los familiares de las víctimas se instalaron en una sala de la Ciudad de la Cultura de la capital de Galicia (noroeste), transformada excepcionalmente en tribunal para acoger a la gran cantidad de partes presentes.
«Nos sentimos cansados, tristes y con rabia, con ganas de que se cierre todo este periodo, esta pesadilla. Esperamos una reparación, que se sepa por fin todo lo que se hizo mal», explicó a la AFP María Ángeles Prado, que perdió a su hija de 21 años y a su sobrina en el accidente.
«Iban a ver unos fuegos [artificiales]. Le dije a mi hija: ‘vete en tren, no tomes el coche’, pensando que era más seguro», cuenta esta mujer sexagenaria con la voz entrecortada, aludiendo a un «proceso de luto muy difícil», lleno de «angustia» y un «dolor insoportable».
«Si el maquinista hubiera hecho bien su trabajo, mi hija y su prima estarían vivas, eso es indiscutible. Pero se podía haber mareado, le podía haber dado una indisposición», indica. «No puedes poner un tren de alta velocidad con 300 personas dentro a cargo de un solo señor», denuncia.
– «Riesgo previsible» –
El 24 de julio de 2013, el tren de alta velocidad Alvia 04155 procedente de Madrid descarriló brutalmente poco antes de llegar a Santiago de Compostela, estrellándose contra un muro de hormigón a cuatro kilómetros de la ciudad.
El accidente causó la muerte de 80 personas, entre ellos 68 españoles, además de varios europeos, latinoamericanos y norteamericanos. Más de 140 pasajeros resultaron heridos.
La investigación no tardó en revelar que circulaba a una velocidad excesiva: el tren de Renfe, la compañía ferroviaria española, circulaba a 179 km/h en el momento de impacto, muy por encima de los 80 km/h marcados como límite para aquel tramo.
El maquinista, Francisco Garzón, que estaba hablando por teléfono con el interventor del tren justo antes del accidente, incurrió en una «imprudencia» y «negligencia», según estimaron los magistrados instructores que decidieron acusar a este hombre de 52 años entonces de homicidio por imprudencia profesional grave.
Junto a él será juzgado Andrés Cortabitarte, antiguo director de seguridad en la circulación de Adif –la gestora de la red ferroviaria española–, acusado de no haber realizado un estudio de riesgos en la curva del siniestro, que no contaba con sistemas de señalización, de alerta o de freno automático.
«Existía un riesgo previsible» que podía haberse tenido en cuenta, estimaron los jueces.
– «Rabia e indignación» –
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada uno, mientras que los daños y perjuicios reclamados por las víctimas, que serán debatidos durante el proceso, ascienden a casi 58 millones de euros (unos 57,8 millones de dólares).
En total, más de 600 testigos y expertos deben pasar ante el tribunal hasta el 10 de febrero. Un tiempo necesario, según las familias, para determinar «la cadena de negligencias, errores y mentiras» que originaron el accidente.
«Llevábamos casi 10 años esperando», confió de su lado Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma de Víctimas Alvia 04155, denunciando la «lentitud» de la justicia española.
«Es un día importante, pero para pasar página hay que leerla primero», añadió.
Hasta ahora, «solo el maquinista pidió perdón», siguió Domínguez, quien considera que «también la Adif y las instituciones del Estado tienen responsabilidad», aseguró este hombre que lucha desde hace años para que se reconozcan los fallos cometidos a nivel estatal.
Su asociación, que organizó el miércoles una concentración frente a la audiencia, acusa especialmente a la antigua ministra de Fomento –responsable de Transportes– Ana Pastor, del Partido Popular (derecha), de haber presionado a Bruselas para evitar la publicación de un informe crítico con Madrid.
