Según la auditoría de la Cámara de Cuentas, el coronel formó parte del entramado que desfalcó al Estado por 4,500 millones de pesos
La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, acogió la petición de la defensa del coronel de la Policía Nacional, Rafael Núñez de Aza, imputado en el caso de corrupción Operación Coral, de contratar un perito para que revise la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas al Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), donde este habría cometido irregularidades.
La magistrada tomó la decisión en base al derecho a la defensa y responder a las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público que tiene el imputado.
El pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló en abril de 2022 que dos informes de investigaciones realizadas al Cusep y Cestur evidenciaron desvíos de fondos públicos, despilfarro, malversaciones y apropiación de recursos estatales por parte del entramado militar acusado de estafar al Estado con más de 4,500 millones de pesos.
Mirna Ortiz, representante del Ministerio Público, manifestó que el señalado tiene derecho a la defensa y que una vez concluidas las investigaciones estarán listos para la apertura de la audiencia preliminar.
También manifestaron que las pruebas en contra del coronel están «blindadas».
Tendrá plazo de 20 días
Al perito que será contratado por Núñez de Aza se le dará un plazo de 20 días para que presente el trabajo de sus investigaciones y este miércoles será juramentado por la justicia dominicana.
El peritaje ha de arrojar un análisis de la vida financiera del acusado y de todo lo que ha presentado en su contra la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público, dijo el abogado del imputado, Félix Portes.
La red que el Ministerio Público dice lideraba el general Adán Cáceres Silvestre está acusada de sustraer fondos del dinero dedicado a inteligencia, raciones alimenticias, combustibles y nóminas, además de que la estructura criminal también sustrajo fondos del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), dice el órgano acusador.
Indica que Núñez de Aza se encargaba de desviar los fondos de las instituciones donde intencionalmente era puesto como gerente financiero por sus directores, y adquirió para estas propiedades muebles e inmuebles, además de cubrir los gastos personales y familiares de estos.
