El Bloque de Diputados del partido Fuerza del Pueblo reclamó a las direcciones General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y General de Contrataciones Públicas (DGCP), que investiguen al Ministro de Educación (Minerd), Ángel Hernández, con relación a la edición de los libros de textos, cuyo proceso involucró una suma superior a los RD$900 millones de pesos sólo por la impresión
De acuerdo al vocero diputado Tobías Crespo, la situación de crisis que se ha generado en torno a los libros de texto ordenados por el Minerd, afecta a 2.4 millones de niños, niñas y adolescentes del Sistema Educativo Dominicano.
Los legisladores de la Fuerza del Pueblo recordaron que cuando el Ángel Hernández asumió la dirección del Minerd encontró dos licitaciones de los libros de textos que había ordenado el ex ministro, Roberto Fulcar, y que hasta ahora no se ha revelado un informe técnico o financiero que los descalifique.
Añadió que la primera licitación es del 26 de agosto de 2021, mediante la cual se adquirieron los libros de textos de los niveles inicial y primaria: 9,167,950 libros por un monto de RD$2,200 millones; y para el año escolar 2022-2023, se solicitó un complementario de libros de texto por un monto de RD$600 millones, que fue rechazada por Hernández, tan pronto asumió el cargo.
Tobía Crespo agregó que el funcionario no compró esos complementos, porque decidió crear una supuesta editorial del Minerd, que ahora ha complicado las cosas, y pudiera dejar a miles de niños sin esa herramienta de estudio.
El legislador del partido verde criticó que el Ministro Hernández en forma arbitraria haya violado la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, porque esos supuestos convenios se hicieron sin licitación
“Esos contratos se hicieron con un grupo de universidades, y de instituciones que no son especialistas en editar y preparar libros de textos escolares, cosa que ha creado una crisis en el sector educativo”, refirió.
Los diputados de la Fuerza del Pueblo pidieron que el Ministro de Educación explique al país las razones por las cuales tomó una medida improvisada, de imponer unos convenios sin transparencia, y en franca violación a todas las normativas legales e esos procesos tan complejos y determinantes para la calidad de la educación nacional.
