Decenas de ingenieros, arquitectos y agrimensores reclamaron el pago de sus honorarios y la puesta en vigor de la Ley 16-26, que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas.
Luego de haber transcurrido 48 días de la puesta en marcha de la legislación, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) externó su preocupación tras los retrasos en su ejecución.
Con pancartas en las que se leía: “¿Dónde está la comisión?”; “¡Queremos cobrar en vida!”; “14 compañeros fallecieron sin ver resuelto su caso”, el Comité Institucional del Codia (CIC) se congregó en la sede del gremio para exigir sus derechos.
“Pese a la rapidez con que el Congreso Nacional aprobó la legislación y el Poder Ejecutivo procedió a su promulgación, esa misma diligencia no se ha reflejado en el ámbito administrativo”, puntualizó el vocero del gremio, Miguel Liberato.
Sobre el pago
El gremio alega que el Estado tiene una deuda con al menos 90 contratistas bajo una deuda que alcanza millones de pesos.
“El monto de la deuda de los contratistas del Comité Institucional Codiano es RD$390 millones”, dijo el vocero y señaló que, cerca de 600 contratistas dedicados a las labores de correctivos en los planteles escolares, el momento de la deuda es mayor.
Emilio Familia, otro gremialistas, indicó que han transcurrido 48 días desde la entrada en vigor de la ley, pero sin que se haya informado de forma oficial la confirmación de la comisión responsable de poner en marcha el proceso.
«Sin comisión no hay validación. Sin validación no hay reconocimiento. Sin reconocimiento no hay pago y sin pago no hay justicia», expresó el también ingeniero.
Durante su intervención, reafirmó que desde hace varias semanas viene reclamando públicamente la integración de este organismo y que, además, depositó formalmente una comunicación.
El gremio solicitó que se dé a conocer un cronograma básico de ejecución que permita a los afectados conocer las fechas previstas para la instalación de la comisión, el inicio de los trabajos de validación y los procedimientos que serán aplicados en el conocimiento de los expedientes.
Asimismo, el CIC advirtió que la prolongación de la inactividad administrativa podría incrementar el malestar entre contratistas que llevan décadas esperando una solución definitiva a sus reclamaciones.
Los representantes del Comité Institucional Codia enfatizaron que no buscan confrontaciones ni conflictos, sino soluciones concretas que permitan materializar la voluntad expresada por el presidente de la República al promulgar la Ley 16-26.
