La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AmchamDR) se refirió a la reciente aprobación de la reforma a la Ley 225-20, sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, indicando que si bien reconoce la facultad constitucional del Congreso Nacional para conocer y aprobar iniciativas legislativas, considera que reformas de esta naturaleza se benefician de procesos amplios de deliberación, análisis técnico y consulta con los sectores involucrados, especialmente cuando introducen cambios significativos en obligaciones, contribuciones y esquemas institucionales.
La AmchamDR expresó que la fortaleza de las políticas públicas no depende únicamente de sus objetivos, sino también de la calidad del proceso mediante el cual son construidas. En ese sentido, reiteró que la participación de los actores impactados, la evaluación técnica de las implicaciones económicas, operativas y ambientales, y la construcción de consensos constituyen elementos esenciales para fortalecer la legitimidad, efectividad y sostenibilidad de cualquier reforma de alto impacto.
La institución consideró, en una nota, que la calidad regulatoria, la seguridad jurídica y la previsibilidad son factores fundamentales para fortalecer la confianza de los inversionistas y garantizar que los objetivos de política pública puedan alcanzarse de manera efectiva y con el respaldo de los distintos actores involucrados.
“Las reformas de alto impacto deben aprobarse con sentido de oportunidad, pero también con el tiempo necesario para asegurar una discusión técnica, participativa y basada en evidencia. La urgencia no debe sustituir el consenso ni la calidad legislativa. Las decisiones que inciden sobre la competitividad, la sostenibilidad y el clima de inversión generan mejores resultados cuando son producto de procesos ampliamente discutidos y respaldados por evidencia técnica”, expresó William M. Malamud, vicepresidente ejecutivo de AmchamDR.
La entidad reiteró su disposición de colaborar con las autoridades en los procesos de implementación y reglamentación de la ley, aportando la experiencia técnica de sus miembros para contribuir a una gestión de residuos eficiente, sostenible y alineada con las mejores prácticas internacionales.
Asimismo, reconoció la importancia de fortalecer este marco normativo y reiteró su compromiso con la sostenibilidad, la protección ambiental y el desarrollo de políticas públicas que contribuyan a la competitividad y al crecimiento económico sostenible de la República Dominicana.
