Dr. Isaías Ramos cuestiona más de RD$20,600 millones destinados a partidos y exige propuestas verificables y compromiso constitucional



Santo Domingo.– El Dr. Isaías Ramos, presidente fundador del Frente Cívico y Social, cuestionó el destino y el rendimiento democrático de los más de RD$20,600 millones que, durante once ejercicios presupuestarios, de 2016 a 2026, el Estado dominicano ha destinado al financiamiento público de los partidos políticos.

“La pregunta que el pueblo tiene derecho a formular es sencilla: ¿qué ha recibido a cambio de esa inversión?”, expresó Ramos.

El dirigente cívico sostuvo que no basta con que los partidos depositen formalmente programas de gobierno ante la Junta Central Electoral. Consideró indispensable que esas propuestas sean conocidas, debatidas y fiscalizadas por la ciudadanía.

Ramos sostuvo que el financiamiento público debe traducirse en propuestas, formación ciudadana y rendición de cuentas.

“El elector debería votar comparando soluciones, no simplemente colores, siglas, rostros, consignas o relaciones clientelares. Cada partido debe explicar qué hará, cuánto costará, de dónde saldrán los recursos, cuándo lo ejecutará y cómo se medirán los resultados”, afirmó.

Ramos recordó que la legislación dominicana atribuye a las organizaciones políticas responsabilidades que trascienden la competencia electoral, entre ellas la formación política y cívica, la defensa de la Constitución y la elaboración de propuestas orientadas a enfrentar los problemas nacionales.

En ese sentido, planteó que cada partido debería definir públicamente su compromiso con el modelo constitucional dominicano.

“Nuestra Constitución establece una República civil, democrática, representativa y un Estado Social y Democrático de Derecho. Eso no es poesía constitucional: es un mandato”, declaró.

Ramos preguntó si los recursos públicos están contribuyendo realmente a fortalecer instituciones, ciudadanía y propuestas nacionales o si terminan sosteniendo estructuras concentradas en “conquistar, repartir y conservar el poder”.

Finalmente, sostuvo que el financiamiento político no puede convertirse en un cheque en blanco.

“Si el pueblo paga, tiene derecho a exigir propuestas conocidas, planes cuantificables, compromisos verificables, respeto a la Constitución, formación ciudadana y rendición de cuentas”, señaló.

Y concluyó:

“Cuando un pueblo financia su democracia y recibe desesperanza, abandono y privilegios para unos pocos, ya no basta con preguntar cuánto cuesta. Hay que preguntar cuánto más está dispuesto a soportar.”

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