Dr. Isaías Ramos
Entre 2016 y 2026, es decir, durante once ejercicios presupuestarios, el Estado dominicano ha destinado más de RD$20,600 millones al financiamiento público de los partidos políticos.
La cifra obliga a una pregunta que ningún ciudadano debería eludir:
¿Qué ha recibido el pueblo a cambio?
Nadie discute que la democracia cuesta ni que los partidos son necesarios. Pero después de semejante inversión pública, resulta legítimo preguntarse por qué el ciudadano continúa siendo convocado, con demasiada frecuencia, a escoger entre colores, siglas, rostros, consignas y lealtades, en lugar de comparar proyectos concretos para resolver sus problemas.
Los partidos depositan programas de gobierno. Pero quien más debería conocerlos es precisamente quien decide en las urnas:
el pueblo.
El elector debería saber qué propone cada organización sobre vivienda, salud, educación, seguridad ciudadana, salarios, producción nacional, seguridad social, agua potable, electricidad, transporte y empleo.
Y no basta con prometer.
Hay que explicar qué se hará, cuánto costará, de dónde saldrán los recursos, cuándo se ejecutará y cómo podrá medirse su cumplimiento.
Un programa que se deposita pero que el ciudadano desconoce, no debate y luego no puede fiscalizar corre el riesgo de convertirse en una formalidad electoral.
Y esto resulta todavía más grave porque la propia Ley 33-18 atribuye a los partidos responsabilidades que trascienden la competencia electoral: defender la democracia y la Constitución, fomentar la formación política y cívica y elaborar planes políticos, económicos y sociales que contribuyan a solucionar los problemas nacionales.
Si parte del dinero público que reciben debe servir también para educar políticamente, formar ciudadanía y fortalecer la democracia, entonces el elector tiene derecho a preguntar qué conocimiento, qué cultura cívica y qué capacidad de decisión informada están produciendo esos recursos.
Entonces debemos preguntarlo sin eufemismos:
¿Estamos financiando instrumentos para transformar la Nación o maquinarias concentradas principalmente en conquistar, repartir y conservar el poder?
Pero existe una pregunta aún más trascendente.
Antes de saber qué promete un partido, el ciudadano debería saber qué Estado se compromete a respetar y construir.
Nuestra Constitución establece que el gobierno de la Nación es civil, republicano, democrático y representativo; consagra la separación de los poderes y somete todas las actuaciones públicas a la supremacía constitucional. Además, define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho.
Eso no es poesía constitucional.
Es un mandato.
Por tanto, cada organización que aspire a gobernar debería decir claramente si se compromete a respetar el pluralismo, las libertades públicas, los derechos fundamentales y la separación de poderes; pero también cómo hará realidad la dimensión social de nuestra Constitución mediante políticas efectivas de salud, educación, vivienda, seguridad social, empleo digno y servicios esenciales.
Ningún proyecto político, venga de la izquierda o de la derecha, puede pretender escoger qué parte de la Constitución acepta y cuál desecha.
No basta declararse liberal, conservador, progresista, socialista o de cualquier otra corriente.
La pregunta esencial es mucho más sencilla:
¿Se compromete usted a gobernar dentro de la República democrática, representativa y social que establece nuestra Constitución?
Después de más de RD$20,600 millones, el financiamiento público no puede convertirse en un cheque en blanco.
Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a exigir.
Propuestas conocidas.
Planes cuantificables.
Compromisos verificables.
Respeto a la Constitución.
Formación ciudadana.
Y rendición de cuentas.
Porque una democracia no se fortalece solamente contando votos.
Se fortalece cuando el ciudadano sabe qué está eligiendo, para qué lo está eligiendo y qué puede exigir después de elegir.
Cuando predominan el clientelismo, los privilegios, la propaganda, el enfrentamiento estéril y problemas esenciales que atraviesan una elección tras otra sin respuestas suficientes, ya no estamos hablando solamente del costo de la política.
Estamos hablando de qué clase de República estamos construyendo.
El pueblo no necesita más espectáculos financiados con su propio dinero.
Necesita resultados.
Necesita instituciones.
Necesita que la Constitución deje de vivir solamente en discursos, solemnidades y juramentos, y comience a sentirse en la escuela, el hospital, la vivienda, el salario, la seguridad y la dignidad de cada familia dominicana.
Porque cuando un pueblo financia su democracia y recibe a cambio desesperanza, abandono y privilegios para unos pocos, ya no basta con preguntar cuánto cuesta.
Hay que preguntar cuánto más está dispuesto a soportar.
