Por: Miguel Puello
Segundo suplente del Defensor del Pueblo
La advertencia del presidente Luis Abinader, ordenando a las autoridades a perseguir hasta capturar a las personas vinculadas a hechos criminales y que quienes tengan órdenes de arresto deberán responder ante la justicia, no debe ser interpretadas como una orden para violentar el marco jurídico institucional establecido en la constitución, las leyes, los pactos y acuerdos internacionales de la que el Estado dominicano es signatario en materia de respecto a los derechos humanos.
La expresión del presidente Luis Abinader O se entrega, o se busca, solo pone de manifiesto la indignación que siente el mandatario al ser informado de que cerca del 80 % de las personas que cometen homicidios tienen varias órdenes de arresto, muchas de ellas con varios años, solo pone en evidencia la ineficiencia de los órganos persecutores del delito.
La Policía Nacional tiene la misión de garantizar la seguridad ciudadana, mantener el orden publico y garantizar el libre ejercicio de los derechos de las personas, para lograrlo debe perseguir a los delincuentes que han llenado de luto a las familias y a la sociedad, en la persecución la policía, en cumplimiento de su obligación no debe tener limites para su persecución, debe arrestarlo, cuando se resistan al arresto, hacer uso proporcionar de la fuerza.
La misión no es matar a los delincuentes, la misión es arrestarlo y ponerlo a disposición del ministerio público, en República Dominicana no hay pena de muerte, hay que apresarlo.
El ministerio público debe someterlo a la acción de la justicia, los jueces cumplir con su rol jurisdiccional: condenarlo si son culpables y absolverlo si son encontrados inocentes. El sistema penitenciario debe garantizar la regeneración del delincuente y el Estado debe darle garantía de su inserción social una vez hayan cumplido su condena.
Así funciona un Estado social democrático y de derecho, el Estado es responsable de la vida, de la dignidad de las personas y debe garantizar la presunción de inocencia y la libertad.
El debido proceso es una garantía fundamental que asegura que cualquier persona reciba un trato justo, apegado a la norma y sin la influencia de persona interesados en ocultar a los verdaderos criminales.
Los asesinatos extrajudiciales bajo el alegato de intercambio de disparos no pueden ser justificados, porque viola el Estado de derecho. Hoy son los delincuentes, pero como en otras ocasiones caerán inocentes.
