Por Arismendi Díaz Santana
- La oposición a las reformas de salud refleja una lucha de poder en la relación médico-paciente, centrada en el control del gasto nacional en salud, estimado en 500,000 millones de pesos este año.
- El poder sobre los recursos de salud depende de quién paga, no de quién financia. Cuando paga el Estado, el poder se desplaza fuera del consultorio, degradando el trato y la calidad del servicio.
- En los hospitales públicos, el paciente queda relegado a un tercer plano, porque el médico recibe un salario fijo y su lealtad se orienta al político que lo nombra y al CMD que lo protege.
- La asimetría en la relación médico-paciente se consolidó con la medicina pública centralizada, verticalizada y clientelista, reduciendo al afiliado a una categoría inferior: “un cero a la izquierda”.
- El CMD opera como un sindicato por encima de la ley, imponiendo sus intereses mediante paros y huelgas, y bloqueando reformas que buscan dar poder al afiliado.
- El SFS redujo la asimetría mediante seis mecanismos clave: ARS y PSS públicas y privadas; libre elección de afiliados; autorización de servicios por las ARS; firma del paciente para autorizar pagos; administración del riesgo contra fraudes; y atención primaria como puerta de entrada.
- El afiliado ahora tiene mayor autoridad y seguridad en el consultorio, porque decide a quién pagarle y puede acudir a la DIDA para reclamar sus derechos y pedir orientación médica a su ARS.
- Persiste una resistencia férrea de minorías profesionales que incumplen protocolos y reciben comisiones por prescribir análisis, estudios y medicamentos innecesarios y costosos.
- Se cuestiona al SFS porque garantiza derechos, condiciona el pago a la calidad del servicio, eleva el poder de decisión del afiliado y vigila abusos; y se ataca a las ARS por temor a que detecten fraudes, facturación excesiva y cobros indebidos.
- La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) lucha porque el afiliado deje de ser un rehén y un cero a la izquierda, defiende mejores ingresos para médicos éticos y laboriosos a cambio de servicios oportunos y de calidad, porque la salud es un derecho constitucional.
