Dr. Isaias Ramos
El día de cobro debería traer alivio. Para una familia sostenida por un salario insuficiente, trae otra vez las mismas decisiones: qué alimento dejar fuera de la compra, qué recibo posponer, cuánto reservar para volver al trabajo. Las manos que producen riqueza regresan al hogar contando lo que falta. Un país debe juzgar su progreso también desde esa mesa.
El artículo 62, numeral 9, de nuestra Constitución reconoce el derecho a un «salario justo y suficiente» que permita vivir dignamente y cubrir las necesidades materiales, sociales e intelectuales del trabajador y su familia. La referencia familiar es explícita: examinar la remuneración frente a esas necesidades responde al propio mandato constitucional.
Cumplir una tarifa mínima legal no concede una absolución moral. Las resoluciones salariales deben examinarse a la luz de la Constitución. No podemos dar por resuelta la responsabilidad de remunerar justamente porque se paga el mínimo autorizado. El deber de las autoridades es explicar cómo sus decisiones acercan la realidad laboral al derecho que juraron proteger.
Miremos las cifras. En octubre de 2026, la canasta familiar del primer quintil alcanzó RD$29,972.34, según el Banco Central. Hablamos de la referencia de consumo de los hogares de menores ingresos, no del promedio nacional. La resolución CNS-03-2025 fijó para zonas francas industriales un mínimo de RD$20,875 desde junio de 2026.
En un hogar sostenido únicamente por ese sueldo base, faltan RD$9,097.34 mensuales para alcanzar aquella referencia: el salario cubre alrededor del 70 %, incluso antes de los descuentos legales.
Para hoteles y casinos, la resolución CNS-04-2025 estableció desde junio mínimos de RD$21,840 y RD$18,409.30, según la categoría correspondiente. Tampoco alcanzan por sí solos esa canasta. Estas tarifas son salarios base; las remuneraciones adicionales y otros ingresos deben considerarse al estudiar cada hogar.
¿Cómo sostiene su familia quien depende únicamente de ese salario?
El Frente Cívico y Social propone el costo actualizado de la canasta familiar del primer quintil como piso del salario mínimo mensual por jornada ordinaria completa. Consideramos moralmente inaceptable fijar una tarifa inferior y normalizar esa insuficiencia como condición permanente del modelo productivo.
La Constitución establece el derecho a la suficiencia; nosotros proponemos esta referencia como piso de nuestra política salarial. Alcanzar ese monto tampoco garantiza satisfacer todas las necesidades familiares. La canasta refleja patrones de consumo de hogares con ingresos limitados. Vivir dignamente comprende también aprender, participar en la sociedad y construir un futuro.
¿Quién paga la diferencia entre lo que el salario entrega y lo que la familia necesita? Esa pregunta debe formar parte de la evaluación del empleo. Las necesidades pendientes pueden cubrirse con otros ingresos, asistencia o endeudamiento; también pueden quedar desatendidas. Una consulta médica pospuesta no deja de hacer falta porque la nómina cumpla el mínimo autorizado.
Publicar datos agregados sobre hogares asalariados que reciben asistencia permitiría estudiar cuánto ayuda el presupuesto público a cubrir necesidades que sus ingresos laborales dejan pendientes. La protección de esas familias debe mantenerse mientras se corrigen las causas de sus ingresos insuficientes.
Los servicios públicos también cuentan. Cuando fallan la salud, la educación o el transporte, el hogar debe asumir gastos adicionales o renunciar a necesidades. La política salarial y la calidad de los servicios deben trabajar hacia un mismo resultado: mayor bienestar familiar.
Hacer efectivo el piso propuesto requiere conducción pública. El Ejecutivo debe impulsar, mediante las autoridades laborales y con participación de trabajadores y empleadores, una agenda con responsables y plazos; el Congreso, las medidas legislativas necesarias dentro de sus atribuciones. Deben asegurarse inspección eficaz, evaluación pública de resultados y apoyos empresariales sujetos a compromisos laborales verificables. Defender esta propuesta exige responder por sus efectos, corregir los instrumentos y proteger a las personas afectadas. Las dificultades exigen soluciones; no justifican abandonar el derecho.
Reconocer la inversión obliga también a reconocer el trabajo que la hace productiva. Por eso deben examinarse márgenes, contratos e incentivos y cómo se distribuyen sus beneficios. La dignidad del trabajador debe formar parte de las decisiones que determinan el rumbo de la actividad económica.
Los recursos tienen límites. Por eso debemos cerrar las llaves del despilfarro y del desvío de bienes públicos, exigir auditorías y recuperar lo sustraído. El rigor económico debe alcanzar los privilegios injustificados y orientar los recursos hacia resultados que la ciudadanía pueda comprobar.
Desde la teología de la liberación, la opción por los pobres exige prestar especial atención a quienes soportan la privación. El amor al prójimo demanda actuar frente a las estructuras que perpetúan sufrimiento. La obligación constitucional permanece incluso donde falta solidaridad.
El 9 de noviembre de 2026, en Buenos Aires, León XIV afirmó que «la economía debe estar al servicio de la persona». Esa convicción ética orienta nuestra propuesta: la economía debe servir al ser humano; el ser humano no debe quedar esclavo de sus exigencias.
El pueblo trabajador dominicano tiene derecho a organizarse y exigir que sus elegidos, especialmente el Poder Ejecutivo y los congresistas, respondan por el cumplimiento de la Constitución. Desde el Frente Cívico y Social reclamamos un salario mínimo cuyo piso sea el valor actualizado de la canasta familiar del primer quintil. Quien sale a trabajar día tras día merece una remuneración justa y suficiente para vivir con dignidad junto a su familia, como manda el artículo 62.9.
