La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá este viernes las medidas de coerción contra 15 implicados de una supuesta red de lavado de activos, para la cual el Ministerio Público pide 18 meses prisión y declarar el caso complejo.
El pasado viernes el tribunal aceptó la petición de aplazamiento de las partes, para que los abogados de los encartados puedan conocer las pruebas aportadas por el MP e incorporar a la audiencia a un nuevo detenido, Domingo Ventura.
Mientras que en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se conocerá la revisión de la medida de coerción dictada al mayor general Adán Cáceres y a la pastora Rossy Guzmán, ambos imputados por el MP en una alegada red de corrupción desmantelada en la Operación Coral.
Este viernes el tribunal informará si la jueza que debe conocer el caso, Keila Pérez, tiene Covid-19 o no, debido a que el motivo del aplazamiento fue esperar el resultado clínico de la prueba PCR, tras la realización de unos análisis para descartar o determinar si padece de coronavirus.
