Dawry David Santana, propietario de la barbería Exotic, denunció que agentes de la Policía Nacional intentaron cerrar su negocio en la madrugada del domingo 27 de abril, utilizando fotografías de bebidas alcohólicas de otros locales para vincularlo con actividades ilícitas.
Santana desmintió que su establecimiento venda alcohol, como afirmó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, basándose en un reporte policial. Además, destacó que no es la primera vez que su barbería es intervenida sin justificación.
«Esta barbería está en una plaza comercial, y ni siquiera vendo comida porque hay una cafetería frente a mí. Existe un consenso que me impide vender bebidas alcohólicas», explicó Santana, quien actualmente cursa su monográfico de Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa).
La barbería se encuentra en el sector Valiente, en Boca Chica, dentro de una plaza que alberga varios establecimientos. Tiene dos accesos: uno frontal que conecta con la cafetería y otro trasero que da acceso a otros locales. Su distintivo letrero la hace visible desde el exterior.
En el interior, la barbería cuenta con un área de peluquería equipada con cuatro asientos, mobiliario para clientes en espera, un sillón para el lavado de cabeza y trenzas, además de estantes con productos de belleza y utensilios para el cuidado del cabello.
Relato del incidente
Sobre el incidente, Santana relató que en la madrugada del lunes varios agentes llegaron al local grabando y exigiendo que cesara las operaciones. «Tenía la puerta delantera cerrada, solo la trasera estaba abierta porque terminaba con unos clientes. Vi al policía grabando y le pregunté por qué debía cerrar, ya que no estaba haciendo nada malo», dijo.
Tras negarse a cerrar, los policías lanzaron gas pimienta dentro del local para dispersar a los presentes. «Usaron gas irritante y había hasta la esposa de un cliente aquí. Salí a hablar con el policía y le pedí que me diera una razón legal para cerrar», explicó.
Santana, hijo de pastores y sin antecedentes penales, expresó su preocupación por la posibilidad de que las autoridades intenten «fabricar» un expediente en su contra para justificar la acción ilegal que se llevó a cabo.
