Para que este sea el nuevo marco legislativo que se aplique en los juicios, la Cámara de Diputados tendrá que aprobarlo en dos discusiones y, luego, enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El Senado de la República aprobó este martes en segunda lectura el proyecto entregado por el Poder Ejecutivo que busca fortalecer las sanciones en la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La pieza, aprobada a unanimidad por los 28 senadores presentes en la sesión, sancionaría los servidores del Estado declarados culpable o cómplices de cometer el delito de trata de personas con una pena complementaria, que le inhabilitaría durante 10 años para ejercer cualquier función pública.
Mientras que para los empleados de la sociedad que sean reincidentes recibirían un castigo de 20 años sin disponer del derecho de ocupar estos puestos.
TRÁFICO DE MIGRANTES
Para los empleados públicos que incurran en el tráfico ilícito de migrantes los jueces podrán aplicar la sanción accesoria establecida anteriormente.
Mientras que, de manera general, todo aquel que resulte culpable de traficar indocumentados será sancionado con una pena de 15 a 20 años de reclusión, al igual que deberá pagar una multa de 350 a 1,000 salarios mínimos del sector público.
De acuerdo con el documento legislativo aprobado por los senadores, el cual será enviado a la Cámara de Diputados para su discusión, el delito de tráfico ilícito de migrantes prescribirá a los 20 años.
TRATA DE PERSONAS
En tanto, la penalización para quienes incurran en el delito de trata de personas sería de 20 a 25 años de reclusión y una contravención de 700 a 1,500 salarios mínimos.
“El delito de trata de personas no prescribe”, versa el proyecto, siendo diferente a la caducidad colocada a la ejecución o ayuda a movilizaciones de extranjeros con estado migratorio irregular.
Para que este sea el nuevo marco legislativo que se aplique en los juicios, la Cámara de Diputados tendrá que aprobarlo en dos discusiones y, luego, enviarlo al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El senador Omar Fernández le propuso el pasado martes a la comisión especial encargada de evaluar el contenido enviado por el Gobierno garantizar la inhabilitación permanente de los trabajadores de la administración pública, en caso de que estos incurran en la reincidencia del crimen.
Sin embargo, los integrantes de la mesa legislativa únicamente decidieron acoger las recomendación dirigidas a agraves las condenas, las cuales son superiores a la contempladas en el proyecto inicial entregado por el consultor jurídico de la Presidencia, Antoliano Peralta.
Migración
El éxodo masivo de haitianos indocumentados hacia el territorio dominicano mantiene en estado de crisis al país, ya que no ha podido ser detenido por los organismos de seguridad. Mientras tanto, la comunidad internacional aún continúa vigilante ante cualquier caso de vulnerabilidad a los derechos humanos que puedan realizar los agentes de Migración en la detención y deportación de los inmigrantes.
En respuesta a este escenario, el presidente Luis Abinader ordenó la implementación de 15 medidas con las que busca garantizar el control y la soberanía del espacio terrestre correspondiente al Estado dominicano.
Dentro de las acciones se encuentra la ampliación de la supervisión por parte de las tres brigadas fronterizas actuales, en seis áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior.
Además, prometió reforzar la vigilancia fronteriza con 1,500 soldados adicionales que se unen a los 9,500 que prestan servicio en las provincias de la línea divisoria. Al igual que incorporarán 750 agentes de Migración.
Pretenden acelerar la construcción del muro fronterizo, con el inicio inmediato de la licitación para construir 13 kilómetros adicionales a los 54 km de muro existentes.
También, modificará el reglamento de operación de los mercados binacionales, solicitará colaboración de los gobiernos locales para ampliar la eficiencia de las repatriaciones. Recomendó a la Procuraduría General de la República (PGR) edificar una Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios e instauró un Observatorio Ciudadano sobre el Funcionamiento de la Política Migratoria para supervisar cumplimiento y proponer correctivos desde la sociedad civil.
