El presidente Luis Abinader emitió el Decreto No. 166-25, que introduce medidas correctivas para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública (200-04). Una de las disposiciones clave establece que los funcionarios que no respeten esta normativa verán reducidos sus bonos de desempeño.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) será la entidad responsable de aplicar este mecanismo mediante una matriz de responsabilidad informativa, la cual determinará el nivel de impacto en los incentivos económicos de los empleados públicos.
«Esta medida comenzará a ejecutarse en el tercer trimestre del año», informaron las autoridades, indicando que durante ese período se llevará a cabo una campaña educativa para orientar sobre la aplicación del decreto.
El objetivo principal de la iniciativa es reforzar la transparencia en todas las instituciones públicas que forman parte de la Administración Central y Descentralizada bajo el control del Poder Ejecutivo. La implementación considerará tanto la Ley como su reglamento de aplicación, las resoluciones de estandarización y la Política Nacional de Datos Abiertos, guiándose por los parámetros técnicos establecidos por la DIGEIG.
La DIGEIG, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública (MAP), desempeñará un papel activo supervisando y evaluando el cumplimiento de la transparencia activa (información disponible en línea) y pasiva (respuestas a solicitudes).
El Decreto también obliga a las instituciones a respetar los estándares definidos por la DIGEIG para asegurar un acceso abierto y estandarizado a los datos. Se utilizarán los resultados del Ranking de Transparencia como referencia: todas las entidades deben mantener una puntuación superior a 85, mientras que aquellas que superen los 90 puntos recibirán un reconocimiento público.
