Dr. Isaías Ramos
Hay algo más devastador que la pobreza.
Más humillante que la desigualdad.
Más corrosivo que la corrupción.
Es la desconfianza.
Cuando la confianza se pierde, la esperanza se convierte en frustración. La gente deja de creer en las instituciones, en los líderes, en la política, en el prójimo… y hasta en el futuro.
Lamentablemente, esa es la herida más profunda que sufre hoy nuestro país: la confianza está rota, traicionada y pisoteada por una élite política que ha convertido el poder en su botín personal.
Durante casi tres décadas, lo único que ha prevalecido es el engaño, la mentira, la manipulación, la perversión y la impunidad. Y como prueba de ello, lo confirman los propios datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en la Encuesta de Cultura Democrática 2022-2023:
7 de cada 10 dominicanos desconfían de la mayoría de las personas.
Apenas 2 de cada 10 confían en el Congreso, la Justicia, la Policía Nacional y los partidos políticos.
Incluso el Poder Ejecutivo, que mantiene el nivel más alto de confianza institucional, apenas alcanza un 40%, una cifra que en cualquier democracia responsable sería motivo de alarma nacional.
¿Y qué hace ese Ejecutivo con la poca confianza que le queda?
¿Fortalecer la justicia?
¿Combatir la corrupción?
¿Romper con el clientelismo?
¿Modificar las leyes o introducir reformas que hagan realidad el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en nuestra Constitución?
No.
Envía al Congreso una ley mordaza, disfrazada de protección a la niñez y al honor, pero diseñada para controlar, limitar y castigar el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
Lo más grave es que los derechos que esta ley dice “proteger” ya están garantizados en nuestra Constitución y en leyes vigentes, como el Código Penal, la Ley sobre Protección de la Imagen, el Honor y la Intimidad Familiar, la Ley de Protección de la Niñez y Adolescencia y la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta propuesta no es una necesidad jurídica, es una estrategia política para silenciar la crítica, intimidar a la prensa libre y castigar a quienes se atrevan a denunciar los abusos del poder.
Mientras el pueblo clama por justicia y oportunidades, ellos solo buscan más poder y menos rendición de cuentas.
Ya lo vimos con la vergonzosa elección de la Cámara de Cuentas.
Prometieron transparencia y meritocracia, pero montaron un circo mediático para legitimar un proceso que ya estaba decidido entre bastidores.
Usaron a decenas de profesionales como tontos útiles, mientras el clientelismo y la complicidad sellaban los pactos ocultos por debajo de la mesa.
¿Cómo puede el pueblo confiar en instituciones que ya no responden a la ciudadanía, ignoran la Constitución y solo protegen los privilegios del poder político?
Y sin embargo, no todo está perdido.
La historia y la experiencia internacional lo demuestran:
La confianza se reconstruye cuando el pueblo despierta y asume su rol como verdadero dueño del poder.
No necesitamos parecernos a los países nórdicos para lograrlo.
Necesitamos un pueblo que se levante, que diga basta y que reclame lo que por derecho le pertenece:
una democracia verdadera, donde se gobierne con transparencia, se rinda cuentas y se respete la voz del ciudadano.
Porque una nación sin confianza deja a sus ciudadanos sin brújula moral, sin comunidad y sin propósito.
Las sociedades más prósperas son aquellas donde la gente no teme ser manipulada, engañada o robada, porque sus instituciones funcionan y sus líderes respetan al pueblo y cumplen con su deber.
La honestidad cívica es la base del desarrollo y del bienestar colectivo.
Sin ella, todo se convierte en un círculo vicioso de engaños, manipulación, inseguridad y corrupción.
La falta de confianza destruye el capital humano, ahuyenta las inversiones, frena el crecimiento económico y condena a la sociedad a vivir en la pobreza y la desesperanza.
Por eso, la confianza no se decreta, se construye.
Y se construye cuando el pueblo deja de ser un espectador pasivo y se convierte en el verdadero protagonista del cambio.
Hoy, desde el Frente Cívico y Social, hacemos un llamado urgente y firme a cada dominicano y dominicana:
- A rechazar esta ley mordaza, que amenaza nuestras libertades fundamentales.
- A defender nuestra Constitución, que ya protege lo que esta ley pretende manipular.
- A exigir que se haga realidad el Estado Social y Democrático de Derecho, donde se gobierne para el bienestar colectivo, donde todos seamos iguales ante la ley y donde nadie tema alzar su voz.
Porque sin confianza no hay nación… pero con un pueblo unido, hay esperanza.
Y cuando el pueblo se levanta, ni mil leyes mordaza podrán detener su voz.
¡Despierta, RD!
