La congestión vehicular en el Gran Santo Domingo representa uno de los principales obstáculos para la eficiencia económica del país. En respuesta a esta problemática, el Gobierno dominicano puso en marcha el plan “RD se Mueve”, una iniciativa que contempla 143 medidas orientadas a descongestionar las vías, reorganizar el tránsito y mejorar el desempeño urbano y productivo.
El programa, anunciado por el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Transporte, se implementará de manera progresiva a partir del 1 de julio. Su eje central es el escalonamiento de los horarios laborales del sector público, con el objetivo de reducir el volumen de vehículos circulando simultáneamente durante las horas pico.
Según lo establecido en la Circular 008962 del Ministerio de Administración Pública (MAP), el 70% del personal estatal trabajará en dos bloques: de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y de 7:30 a 3:30. Las instituciones que atienden a más de 2,000 personas mensualmente operarán además en turnos extendidos hasta las 9:00 de la noche Esta medida no implicará cambios salariales ni aumento de nómina, pero el Gobierno estima que contribuirá a disminuir las pérdidas económicas asociadas al tránsito.
Además del cambio de horarios, el plan incluye otras medidas estructurales: la sincronización semafórica en 35 intersecciones, la prohibición de giros a la izquierda en puntos conflictivos, y la incorporación de 700 nuevos agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). También se implementarán radares digitales para controlar la velocidad y se reforzará la fiscalización con el apoyo del Sistema 9-1-1 y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Futuro
El proyecto se complementa con una visión de largo plazo en materia de transporte público. El Gobierno ha reiterado su compromiso con obras como la ampliación de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, el monorriel de Santiago, el teleférico de Santo Domingo Oeste y nuevos corredores de autobuses tipo BRT, iniciativas que buscan reducir la dependencia del vehículo privado y ampliar la oferta de movilidad masiva.
El Gobierno también ha vinculado estas acciones con su Pacto Nacional por la Seguridad Vial, firmado por 121 instituciones, que aspira a reducir las muertes por accidentes en un 15 % anual hasta 2030. Las medidas incluyen campañas de concienciación, actualización del sistema de puntos en licencias y fortalecimiento de la atención médica de emergencias.
Por otro lado, de acuerdo con estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la congestión vehicular en las ciudades latinoamericanas puede representar una pérdida de hasta 2.5% del producto interno bruto (PIB) anual por conceptos relacionados con retrasos, consumo adicional de combustible y reducción de la productividad laboral.
