La Suprema Corte de Justicia deja el camino libre para que la Oficina Nacional de la defensa Púbica represente a las empresas de imputados por delitos penales a los cuales ellos están defendiendo.
En la disputa iniciada a raíz de los expediente de corrupción imputados por la Procuraduría Especializada en Persecución de la corrupción Administrativa (PEPCA), en la cual, los tribunales han dado ganancia de causa a los fiscales, los jueces han tenido que analizar recursos de constitucionalidad por la negativa de la Defensa en asumir calidad por personas jurídicas.
Correspondería al Tribunal Constitucional determinar, en caso de que sea apoderado de un recurso de revisión de constitucionalidad, si esa entidad está obligada a representar a las empresas u organizaciones imputadas de incurrir en actos penales.
Raíz del conflicto en PEPCA y ONDP
La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) a través de su director, Rodolfo Valentín Santos, emitió en septiembre de 2021 una resolución donde dejaba “tajantemente prohibido a los coordinadores y defensores públicos, dar calidades a nombre y representación de organizaciones (compañías, comercios, instituciones públicas o privadas, etc…)”.
De igual manera, se les prohibió “recibir casos para realizar amparos en favor de devolución de objetos, muebles e inmuebles a personas que no (sic.) estén procesadas por algún delito o crimen”.
En ese momento el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la inconstitucionalidad de esa disposición y orden presentar calidades con la advertencia de imponer astreinte de cinco mil pesos por cada día de retraso en el cumplimiento de la disposición.
La Segunda Sala de la Suprema Corte dijo que las decisiones judiciales solo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos.
Al informar sobre la decisión de la Suprema, la Pepca explicó que recientemente, el 3 de julio de este 2025, Chadalis E. Rosario, jueza interina del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal, acogió los argumentos jurídicos de los fiscales e impuso un astreinte de RD$2,000 a favor del Ministerio Público por cada día que la ONDP deje de representar a la razón social Agente de Cambio Estrella.
Defensa Pública debe representar personas jurídicas en casos penales
