El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, afirmó este jueves que únicamente los ayuntamientos tienen la potestad legal para autorizar el uso de suelo, de conformidad con lo establecido por la ley y respaldado por sentencias del Tribunal Constitucional (TC).
Núñez enfatizó que los distritos municipales, incluso aquellos con poblaciones superiores a 15 mil habitantes, no poseen competencias para crear planes de ordenamiento territorial ni clasificar usos de suelo, ya que legalmente son dependientes de los municipios a los que pertenecen.
“Carecería de sentido llamarse con nombres distintos a entidades que en sus atribuciones y competencias son similares. Hay una clara diferencia en la autonomía y competencias entre los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales”, precisó el presidente de Fedomu.
Advirtió que las juntas de distritos municipales que insistan en interpretar de manera errónea la Ley de Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Uso de Suelo se exponen a acciones de impugnación ante el Tribunal Constitucional, entidad que ya ha emitido precedentes jurídicos claros en esa materia.
Asimismo, Núñez citó el artículo 12 de la Constitución para recordar que los distritos municipales no figuran como parte de la división político-territorial autónoma del país, lo que refuerza su condición de entidades subordinadas a los municipios en temas de ordenamiento.
También destacó que el artículo 195 de la Carta Magna establece que la delimitación territorial es definida exclusivamente por ley orgánica, la cual solo contempla regiones, provincias y municipios, excluyendo a los distritos municipales como niveles de planificación independientes.
A propósito del debate, el presidente de Fedomu felicitó al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y al ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, por sus recientes declaraciones, que —según dijo— contribuyen a aclarar las dudas sobre el alcance de las competencias municipales y refuerzan el principio de que solo los ayuntamientos pueden regular el uso del suelo en sus jurisdicciones.
Núñez reiteró el llamado a respetar el marco legal vigente para garantizar la correcta aplicación de las políticas de ordenamiento territorial, evitando duplicidad de funciones y fortaleciendo la institucionalidad municipal.
