A la fecha, los comunitarios se mantienen a la espera del encuentro, donde también se abordará la situación de otras localidades de la provincia, que se encuentran en un escenario similar.
A casi un mes de haber protagonizado una protesta en rechazo a los desalojos en la comunidad, residentes de La Caleta, en Santo Domingo Este, continúan recibiendo citas y notificaciones de quienes se proclaman propietarios de los terrenos donde están construidas sus viviendas.
Comunitarios del distrito municipal, señalaron que tras la huelga realizada el 16 de junio de este año, a través del senador de la provincia, Antonio Taveras Guzmán, en condición de comisionado, se coordinó un encuentro con el presidente de la República Luis Abinader, a fin de tratar la situación y que los terrenos sean declarados de utilidad pública.
A la fecha, los comunitarios se mantienen a la espera del encuentro, donde también se abordará la situación de otras localidades de la provincia, que se encuentran en un escenario similar.
Santos Carvajal, coordinador del Consejo de Desarrollo Comunitario de La Caleta (Codecoc), explicó que al menos seis parcelas representan gran preocupación, por ser las de mayor extensión de la localidad, donde residen cerca de 90,000 habitantes. Estas parcelas son la 213, 218 A y B, la 210B, que agregó es la parcela más grande de todas, la 195, 196 y 197, entre otras.
Esta situación de los desalojos también afecta a la urbanización Barrio Progreso, en La Caleta, donde estaba destinada un área verde y al disponerse a iniciar la construcción de un parque, cinco personas con títulos se proclamaron dueños del terreno, conforme denunció Sócrates Peguero.
En octubre pasado en una edición de Listín en el Barrio en el municipio, los comunitarios denunciaron que esta era una situación de alta preocupación para los casi 90,000 habitantes.
En esa ocasión adelantaron que el presidente Abinader designó al senador de la provincia Santo Domingo, Taveras Guzmán, en condición de comisionado para la mediación entre los terceros, algunos constituidos en persona jurídica y los moradores.
“Tienen que declararlo de utilidad pública, si no lo declaran y le pagan a los dueños, la Constitución entonces estaría violándose y el presidente no quiere esa situación. Es un proceso muy grande, porque según estudios más del 70% de las familias dominicanas vivimos en terrenos que no son nuestros ni son del Estado, sino que son de particulares”, agregó Santos Carvajal coordinador del Codecoc, en esa ocasión.
En respuesta a esto, Rafael Burgos Gómez, director general de Bienes Nacionales, dijo que el Estado no está desalojando personas.
“Contrario a estar desalojando, desde el gobierno lo que estamos es titulando a quienes no están regulados, siempre y cuando los terrenos sean del Estado; ahora bien, si esas tierras son propiedad privadas o tienen problemas con terceros, ya ese es un tema de la justicia que nosotros no tenemos nada que ver”.
Burgos Gómez dejó claro que el gobierno no busca intranquilizar a la población con el tema del desalojo siempre y cuando sean terrenos del Estado; de lo contrario, ya es un proceso en el que no tiene injerencia.
