Tribunal otorga prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir investigación caso Camaleón



La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, otorgó cuatro meses de prórroga al Ministerio Público para concluir la investigación en torno al caso Camaleón y presentar acusación formal.

Según la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, el Ministerio Público solicitó la prórroga en virtud de que quedaban una serie de diligencias pendientes por realizar, debido a la magnitud del caso y la gran candidato de evidencias, muchas de ellas tecnológicas, razón que hicieron al juez reflexionar que el plazo otorgado inicialmente era insuficiente.

Esta prórroga, que concluye el día 8 de octubre, permitirá al Ministerio Público presentar la acusación para juicio preliminar con nuevos medios de pruebas y posiblemente más implicados, según Mirna Ortiz.

El abogado Surun Hernández, valoró como positiva la decisión del Tribunal, ya que a su juicio permitiría al MP ampliar las investigaciones, a propósito de que este sometió una querella por el mismo caso en contra de Milton Morrison, director del INTRANT; Héctor Porcella, director del IDAC; Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones, entre otros.

Los implicados en el caso Camaleón son el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas. A éstos se les acusa de coalición de funcionarios, uso de documento privado, desfalco, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado dominicano, sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo, entre otros actos.

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