El Ministerio Público culminó este jueves con la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y los demás procesados que integraban el entramado de corrupción administrativa que defraudó al Estado con más de RD$4,500 millones y que fue desmantelado con las operaciones Coral y Coral 5G.
Durante el proceso de incorporación de pruebas, el Ministerio Público, representado por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución, presentó un total de 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes y 282 declaraciones de testigos y peritos, así como 184 pruebas procesales.
Igualmente, presentó 104 pruebas materiales, consistentes en armas de fuego, relojes de alto valor y equipos electrónicos (celulares, computadoras, servidores, discos extraíbles, entre otros), además de los inmuebles, valores en efectivo y vehículos incautados a raíz de las operaciones.
A través de las operaciones realizadas en mayo y noviembre del año 2021 fueron identificados 214 inmuebles en Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, La Altagracia, San José de Ocoa, La Vega, Monte Plata y San Pedro de Macorís, los cuales están siendo solicitados en decomiso por el Ministerio Público, expuso el equipo litigante en el juicio.
De igual manera, dijo que fueron incautados 86 vehículos de alto cilindraje, de lujo, agropecuarios y de carga, además de 28 millones de pesos y 55 mil dólares en efectivo, los cuales también serán solicitados en decomiso, junto con los valores millonarios retenidos en cuentas bancarias mediante órdenes judiciales de inmovilización.
El Ministerio Público explicó que los bienes custodiados por la Procuraduría General de la República han generado, por concepto de alquileres, RD$31,294,100.00, y RD$55,288,231.83 en el caso de los proyectos agrícolas, ambos valores solicitados en decomiso a favor del Estado dominicano, afectado por la estructura de corrupción administrativa procesada.
