El 10 de septiembre del pasado año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que en República Dominicana es “imperiosa” la necesidad de una reforma fiscal integral, que eleve los ingresos del Estado, elimine exenciones y mejore el gasto público.
Después de que el presidente de la República, Luis Abinader, decidiera el pasado 19 de octubre ordenar el retiro “inmediato” de la Cámara de Diputados del proyecto de ley que buscaba la “Modernización Fiscal del país”, el Congreso Nacional ha tenido una única opción que implementar: postergar nuevamente la aprobación de una reforma fiscal integral.
Esto, a pesar de que las organizaciones políticas y diversos sectores económicos de la sociedad permanecen aún reconociendo la importancia de eficientizar los mecanismos de recaudación del Estado dominicano, para, entre otras acciones, reducir los casos de evasión.
Sin embargo, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, rescató este tema que habría sido eliminado de la agenda legislativa, para indicar su asentimiento sobre la necesidad de realizar la pendiente modificación del marco legal en República Dominicana.
De los Santos aseguró que está en disposición de trabajar “todo lo que llegue desde el Poder Ejecutivo”, así como también las piezas presentadas por los congresistas. Es por esta razón que espera que la población pueda alcanzar el estado de consenso ante la elaboración de una futura propuesta de transformación tributaria.
“Todo el mundo sabe que hay una necesidad de una reforma fiscal, ojalá se pueda consensuar y que llegue al Congreso Nacional. Estamos dispuestos a trabajar todo lo que llegue del Poder Ejecutivo y los legisladores”, dijo el pasado lunes al participar en el programa de televisión Hoy Mismo.
La Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo para el año 2030, aprobada en 2012, es la que ordena establecer, de manera sostenida, un sistema fiscal progresivo, dedicado a eficientizar el modelo de recaudo implementado por las autoridades.
“Es difícil sin una reforma fiscal”
El pasado 25 de julio, el mandatario Abinader reveló que al Gobierno se le hace “muy difícil” cumplir con las demandas ciudadanas, debido a la reducida cantidad de ingresos recibidos durante los últimos años.
“Este es el Gobierno que tiene la menor cantidad de ingresos en términos del tamaño de su economía. Se nos hace muy difícil. Es, como yo he dicho, rindiendo, arañando los chelitos, para poder cumplir…”, dijo el jefe del Estado durante una jornada de la iniciativa “El Gobierno Contigo” realizada en el municipio San Antonio de Guerra.
Abinader explicó que el Poder Ejecutivo está tomando “notas” sobre las acciones urgentes, para cumplir con las prioridades de la ciudadanía. No obstante, reiteró que las recaudaciones actuales son insuficientes, afirmando que no han ejecutado impuestos por la insatisfacción de la sociedad.
“El Gobierno no ha aumentado impuestos porque esta es una sociedad que todos dicen: hagan una reforma. Pero, después, nadie quiere la reforma”, lamentó.
Precisamente, los legisladores cerraron el primer año legislativo del cuatrienio 2024-2028 con la aprobación de USD$615 millones en préstamos a solicitud del Gobierno, para destinarlos al desarrollo de iniciativas sociales.
Pero, el 28 de julio, el gobernante aclaró que, hasta el momento, no había discutido con el nuevo ministro de Hacienda, Magín Díaz, sobre la edificación de una nueva propuesta.
Organismos internacionales
El 10 de septiembre del pasado año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aseguró que en República Dominicana es “imperiosa” la necesidad de una reforma fiscal integral, que eleve los ingresos del Estado, elimine exenciones y mejore el gasto público.
Este fue uno de los aspectos que motivaron al Poder Ejecutivo a presentar ante la Cámara Baja el proyecto legislativo con el cual intentaron alcanzar una reforma fiscal. Meses después, en marzo de 2025, el presidente indicó que la realización de una reforma fiscal pasó a un segundo plano, afirmando que están centrados en conseguir la eficiencia de los gastos e ingresos públicos, aplicando la “cero tolerancia a la corrupción administrativa”.
