La legislatura de Texas, Estados Unidos, está cerca de aprobar una ley que criminaliza el envío y la distribución de pastillas abortivas desde otros estados, y que además ofrece a los ciudadanos recompensas de hasta 100,000 dólares si demandan a médicos o compañías que las suministren.
La propuesta consiguió ayer en la noche la aprobación del Senado estatal y ahora pasa a la Cámara de Representantes estatal.
En concreto, el proyecto tipifica como delito la «manufactura, el envío, la distribución, el transporte y la receta» de píldoras abortivas en Texas y desde otros estados. A su vez, motiva a los residentes del estado a denunciar a los infractores, pero prohíbe explícitamente que se señale a las mujeres embarazadas o a las que toman las pastillas tras un aborto espontáneo.
El objetivo de la ley es reforzar las restricciones al aborto en Texas, donde ya rige una de las prohibiciones más severas del país: penaliza el procedimiento a partir de las seis semanas de gestación, cuando muchas mujeres aún desconocen que están embarazadas.
Esta restricción ha forzado a que las personas que quieren abortar en el estado tengan que viajar hacia otras regiones donde el procedimiento es legal (como Nuevo México o Colorado) o a realizar abortos medicados, con píldoras recetadas por doctores en otros estados y en algunos bajo supervisión médica virtual.
Según un informe de la organización Society for Family Planning, entre julio de 2023 y junio de 2024, se realizaron un promedio de 2.800 abortos al mes en Texas a través de telemedicina.
