La entidad advierte que las jóvenes fueron utilizadas sin supervisión ni responsabilidad legal plena, mientras el Ministerio Público sostiene que hay evidencias en su contra.
La Secretaría de Médicos Pasantes del Colegio Médico Dominicano (CMD) manifestó este sábado su rechazo a las medidas judiciales adoptadas contra cuatro médicas en pasantía, vinculadas al caso de presunta falsificación de registros de defunción en la provincia Valverde.
El organismo señaló que las pasantes están en una etapa formativa, sin exequatur ni autoridad legal para validar procesos administrativos. En su comunicado, advirtió que las jóvenes “fueron utilizadas dentro de un esquema delictivo sin contar con las herramientas, supervisión ni facultades necesarias”.
El CMD calificó el apresamiento, la exposición pública de sus nombres y la solicitud de medidas de coerción como una “agresión injusta a su dignidad profesional y humana”. Además, exigió que el Ministerio Público concentre su accionar en los verdaderos responsables sin criminalizar a quienes, a su juicio, fueron instrumentalizadas.
El pronunciamiento fue firmado por el Dr. John Cruceta, en representación de la Secretaría de Médicos Pasantes del gremio.
Lo que sostiene el Ministerio Público
De su lado, el Ministerio Público informó que en el marco de las investigaciones contra Máximo Mendoza, principal acusado de falsificar documentos públicos entre diciembre de 2024 y junio de 2025, fueron arrestadas cinco mujeres, incluyendo las cuatro pasantes y una alcalde pedánea del municipio Esperanza.
Las detenciones se realizaron con orden judicial en la Fiscalía de Valverde, tras recopilar evidencias que las vinculan a la falsificación y suministro de datos falsos en actas de defunción.
Mendoza cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, en un proceso ya declarado complejo. Según la acusación, utilizaba documentos falsos para perjudicar a personas en condición de vulnerabilidad económica que previamente habían recibido préstamos de su parte.
El caso es instruido por los fiscales Esther María González Peguero, representante ante la Junta Central Electoral, y Víctor Manuel Mejía, titular de Valverde, con apoyo de la Dicrim y la Dirección de Seguridad de la JCE.
El grupo es imputado de violar los artículos 146, 147 y 148 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 109, 208 y 210 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23.
