El tribunal le condena, además, al pago de las costas del proceso, lo mismo que en la casación.
LA VEGA.– La exdiputada Rosa Amalia Pilarte se presentó este miércoles ante el Palacio de Justicia de La Vega, donde le ratificaron su condena de cinco años de prisión por lavado de activos, ordenada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia y remitida al Juez de la Ejecución de la Pena.
A su salida, Pilarte declaró que se presentó al tribunal “como buena ciudadana y como siempre lo ha hecho”. La exlegisladora portaba una faja mentonera, que se presume es producto de una cirugía facial, y explicó que su ausencia anterior se debió a motivos de salud: “Por eso no me había presentado y mírame cómo estoy, como buena ciudadana”, expresó a su salida del tribunal.
El arresto fue ejecutado por la Procuraduría General de la República, quien posteriormente solicitó al tribunal la ejecución de la sentencia que envía a Pilarte a cumplir su condena en la cárcel de Rafey, en Santiago.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec) del Ministerio Público, que encabeza la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden de captura y arresto, emitida por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega mediante el auto penal número 212-01-2025-SADM-00700, del 2 de septiembre de 2025.
Luego de que las fiscales Andry De Los Santos y Sourelly Jaquez realizaran un allanamiento autorizado judicialmente en su vivienda de La Vega, Pilarte López se entregó ante las autoridades de la Procuraduría General de la República.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia impuesta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, emitida el 28 de mayo del pasado año, la cual adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
La decisión permite también al Estado decomisar bienes muebles e inmuebles valorados en miles de millones de pesos, producto del lavado de activos provenientes del narcotráfico.
En el proceso contra la exlegisladora, el Ministerio Público estuvo representado por Fernando Quezada García, Pedro Inocencio Amador Espinosa y Pelagio Alcántara Sánchez, del Departamento de Jurisdicción Privilegiada y Procesos Especiales, junto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en representación de la Procuradora General de la República.
La Suprema Corte de Justicia decidió sobre sentencia de la Segunda Sala Penal de ese órgano que condenó a Pilarte a cumplir 5 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, provincia Santiago, tras declararla culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Además de la condena de 5 años de reclusión, Pilarte fue condenada al pago de 200 salarios mínimos por los jueces Fran Soto, María Garabito, Nancy Salcedo, Francisco Jerez y Francisco Ortega Polanco, quienes se inhibieron en la casación por haber conocido el proceso en la etapa anterior.
El tribunal le condena, además, al pago de las costas del proceso, lo mismo que en la casación.
El Ministerio Público probó en todo el proceso que Pilarte violó los artículos 3, numerales 1, 2 y 3; artículo 9, numerales 1 y 2, de la Ley 155 de 2017, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, así como los artículos 3, letras A y B, 18, y artículo 21, literales A y B, de la antigua Ley 72 del 2002, sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y otras Infracciones Graves.
Rosa Amalia Pilarte formaba parte de la red de lavado de activos del narcotráfico encabezada por su esposo Miguel Arturo (Micky) López Florencio, de la que también formaban parte sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como también los declarados en rebeldía Pablo Antonio Martínez Javier y Rigoberto Bueno Javier.
Los fiscales sustentaron con pruebas que la procesada contribuyó con la colocación en el sistema financiero nacional de RD$4,418,399,312.92, a pesar de que durante el período comprendido entre 2003 y 2021 solo percibió RD$16,378,557.45, reportados en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
La sentencia destaca que la defensa no pudo refutar las pruebas que demostraron que Pilarte movilizó más de RD$4,400 millones en sus cuentas entre 2003 y 2021, a pesar de haber declarado ingresos por solo RD$16 millones durante ese mismo período.
El tribunal consideró insostenible la discrepancia entre sus ingresos declarados y los movimientos millonarios.
