Un tribunal de la provincia Valverde dictó tres meses de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, acusado de registrar de manera fraudulenta varias defunciones en unidades médicas y oficialías del Estado Civil de la Junta Central Electoral (JCE) utilizando información falsa.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde declaró el caso de tramitación compleja y otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para la presentación del acto conclusivo.
La jueza Yiberty Polanco Herrán acogió las evidencias presentadas por los fiscales litigantes Esther María González Peguero, representante ante la JCE, y Víctor Manuel Mejía, titular de la provincia.
Según la investigación, Mendoza falsificaba y utilizaba de manera fraudulenta documentos públicos para registrar fallecimientos de personas entre diciembre de 2024 y junio de 2025, con el objetivo de perjudicar a las supuestas víctimas por deudas económicas.
El Ministerio Público ha identificado seis casos, cinco de ellos completados en Salud Pública y posteriormente asentados en la JCE, mientras que el sexto solo fue registrado en el Ministerio de Salud.
Las defunciones fueron tramitadas con documentos expedidos por médicos pasantes sin exequátur, a quienes el imputado solicitaba los servicios en diferentes turnos en las Unidades de Atención Primaria (UNAP) de Mao y Esperanza.
De acuerdo con la acusación, Mendoza aprovechaba la situación de vulnerabilidad económica de algunas personas a quienes ofrecía préstamos de entre RD$5,000 y RD$15,000, cobrados mediante la retención de tarjetas de asistencia social. Cuando no lograba recuperar el dinero, recurría a la maniobra de declarar fallecidas a estas personas haciéndose pasar por familiar directo.
El Ministerio Público sostiene que la conducta del imputado constituye una violación al Código Penal dominicano por falsificación de documentos públicos, así como al artículo 208 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23, relativo a la falsedad.
Además, resalta que Mendoza fingía estados de aflicción para engañar al personal de salud y completar los registros.
El caso cuenta con la colaboración de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) de la Policía Nacional y de la Dirección de Seguridad de la JCE. El imputado cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao, provincia Valverde.
